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a trata de personas es un crimen y, como tal, está considerado internacionalmente como la esclavitud del siglo XXI. En todo el país está prohibido (ley 12.331) “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella”; sin embargo, bajo una disfrazada figura de “wiskerías” o “bares de copa”, municipios, juntas de fomento y hasta los entes recaudadores (federales y provinciales) habilitan locales, donde “encubiertamente” la principal actividad que se ejerce es la explotación sexual. La Ley 12.331, en el artículo 15 establece que “queda prohibido en toda la república el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella” y, en el artículo 17, expresamente, se indica que “los que sostengan, administren o regenteen, ostensibles o encubiertamente casas de tolerancia, será castigados con una multa de 12.500 a 25.000 pesos. En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”. Pero más allá de los “operativos”, que cada tanto se hacen, la impunidad goza de buena salud. Hace una semana, una joven misionera de 19 años, logró escapar de un prostíbulo de Concordia, donde había sido llevada engañada por sus captores para ejercer la prostitución. Hipocresía El reciente caso de la joven misionera, no sólo dejó al descubierto lo vulnerable que son los controles en todo el territorio, sino lo que es peor aún, la sistemática violación que los Gobiernos (Nacional, provincial o municipal) incurren sobre las legislaciones vigentes y tratados internacionales. En el 2002, Argentina firmó el Protocolo de Palermo, para la prevención, represión y sanción de la trata de personas, que contempla la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y recién, en el 2008, el Parlamento argentino sancionó la Ley 26.364 (publicada en el Boletín Oficial, el 30 de abril de ese año) pero nunca fue reglamentada. “Tenemos instrumentos legales pero no se reglamenta y urge que se haga”, dijo la secretaria del Juzgado Número 2 de Gualeguaychú e integrante de la Red de Alerta, María Angélica Pivas. Esa legislación, según quedó sancionada y escrita, tiene por “objetivo implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a las víctimas”. Con la ley publicada, pero no reglamentada, la Red de Alerta envió 320 cartas, dirigidas a intendentes entrerrianos para que se abstengan de habilitar las llamadas wiskerías o bares de copas y tan sólo tres municipios, respondieron la misiva, uno de ellos, Pueblo General Belgrano (departamento Gualeguaychú), donde, el viernes, la policía detectó que en un local sobre la ruta 14, estaban trabajando ilegalmente mujeres, tres de ellas de la provincia de Santa Fe. “Más de uno piensa si esto está prohibido (cómo así lo establece a ley), ¿quién habilita? ¿Qué pasa con los municipios, las Juntas de Gobierno?, ¿quién controla las rutas nacionales?, ¿la ruta de la DGR? Acá puede haber una complicidad por acción o por omisión”, dijo Pivas, quien brindó una charla sobre la trata de personas, en la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, destinadas a agentes de la policía. A decir de la funcionaria judicial, “es necesario que estos temas ocupen un lugar en la agenda pública y, que los municipios, juntas de gobierno, de fomento o los entes recaudadores sepan que están habilitando lugares donde se explota gente”. En ese sentido, se lamentó que la “prostitución esté naturalizada en la sociedad” y, que los organismos de contralor hagan la vista gorda, certificando como “bares de copa” o “wiskerías”, cuando en realidad son lugares donde se ofrece sexo como una mercancía. “Se ha naturalizado la prostitución, es normal pasar por una ruta y ver locales con focos de colores, que tienen piezas chiquitas. ¿Eso (a la hora de habilitarlos) no les sugiere nada?”, preguntó Pivas. 1913. La prohibición de este tipo de locales surgió por primera vez en el país en 1913 y, fue Alfredo Palacios el autor de la ley sobre explotación sexual con o sin consentimiento de la víctima. “En esa legislación, Palacios decía que no importaba las edades, salvo para gravar la pena, porque si era menor de 18 años, al explotador le correspondía una sanción mayor”, recordó Pivas. “La Argentina deberá dejar de ser hipócrita de una vez. Somos un país abolicionista, donde no hay esclavos y, todos lo que ingresan son libres, pero ¿qué hacemos con las paraguayas o bolivianas que son traídas al país para ser explotadas sexualmente? La prostitución es una forma de esclavitud. No he encontrado ni una sola mujer que me diga que le gusta lo que está haciendo”. Penas Pivas criticó, además que la ley 26.364 (aun no reglamentada) tenga penas “exiguas” para este delito. En ese sentido comparó que por una violación el Código Penal, en el artículo 119, establece una pena mayor, que la que se fijó para el delito de la trata de personas, “cuando una mujer es violada de 20 a 24 veces por día. Esta mujer no está consintiendo, está siendo explotada”. “Esta ley, sancionada en el 2008, incorpora dos artículos al Código Penal el 145º bis y el 145 ter. En el bis, son exiguas las penas pero, además, hace un distingo que el Protocolo de Palermo no lo hace y, con esto Argentina vuelve a incumplir. El Protocolo dice que no importa el consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación, (sea esta sexual, servicios forzados, esclavitud, servidumbre o extracción de órganos) y en la legislación argentina se invierte la carga de la prueba”, cuestionó la secretaria del Juzgado de Gualeguaychú. Para Pivas, también debería existir la penalización del cliente, situación que no está contemplada en ninguna ley o tratado internacional. “El cliente es el gran impune en esta cadena. Si penalizamos al cliente, se termina el negocio”. En Misiones esperan a la joven para realizarle informes psicológicos La subsecretaria de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, Norma Sawicz, expresó que el organismo está a la espera de la joven de 16 años oriunda de la localidad de San Vicente, que logró escaparse de un prostíbulo en Concordia, luego de haber sido engañada y trasladada a esa ciudad entrerriana. “La estamos esperando en conjunto con el equipo técnico para realizar los informes psicofísicos pertinentes que aportarán pruebas para la causa”. En declaraciones al programa A quien corresponda (Radio de la Plaza), la funcionaria aclaró que “estuvimos en contacto con la Policía de Entre Ríos y supimos que la joven estaba siendo atendida por personal de Cáritas, así mismo las autoridades del Consejo del Menor estaban haciendo los trámites pertinentes a través de la Justicia para ser trasladada a Misiones”. La menor habría sido llevada por la pareja con la excusa de conseguirle trabajo de empleada doméstica, pero el matrimonio que la mantenía cautiva pretendía otras cosas. La joven tiene 16 años es oriunda de San Vicente que tuvo que correr 10 kilómetros hasta encontrar la comisaría local donde fue contenida. (Fuente: El Diario)