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a Fiscalía de Estado de Entre Ríos rechazó prestar asistencia especial a la mujer que, estando embarazada de ocho meses, sufrió una transfusión de sangre infectada con HIV en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. La petición realizada por la víctima tenía como fin poder elegir el mejor tratamiento contra el virus. Sin embargo, el órgano de contralor de la Provincia argumentó que “la mujer posee cobertura del 100% del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper)”. La presentación para poder obtener una ayuda económica que permita alcanzar una asistencia especial fue realizada en diciembre de 2008 durante una reunión entre los representes legales de la mujer y funcionarios de la Fiscalía. Fuentes gubernamentales indicaron que uno de los abogados de la mujer se presentó a buscar la respuesta en las oficinas de la Fiscalía de Estado. Allí se notificó del rechazo a la asistencia especial. El monto que habría solicitado la mujer para afrontar el tratamiento era de unos 5.000 pesos mensuales. Los abogados de la mujer (Miguel Cullen, Gastón Duarte y Miguel Retamoso) se excusaron de opinar por estar en tratativas con el Estado para intentar obtener la ayuda especial. Primeros síntomas La mujer comenzó a sufrir los primeros síntomas en el tratamiento para controlar el avance del virus. Por tal motivo, se sometió a una serie de análisis, en Rosario, para determinar si se despertó la enfermedad. Un allegado a la familia contó: “Ella sufre calambres que según las primeras impresiones de los médicos podría ser por los retrovirales, pero hay que esperar los resultados”. En la actualidad, la víctima solventa su tratamiento en esa ciudad santafesina con ayuda de la Oficina de Asistencia a la Víctima y con la colaboración de particulares. Esta situación impensada no sólo le generó problemas de salud en la mujer, sino que trastornó su vida cotidiana. Primero tuvo que abandonar su vivienda, de condición humilde, para tener un mayor resguardo. Por tal motivo, el ex ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, dispuso durante su gestión que el gobierno afronte el pago del alquiler de una casa para la familia. Pero sucede, que en los próximos días se vence el contrato y la familia deberá abandonar la vivienda. Al parecer, el Ministerio de Salud y Acción Social no habría respondido a los pedidos de ayuda económica para renovar el contrato de alquiler de la familia, cuya vida se trastocó por una mala intervención en un noscomio público. Causa Judicial La investigación podría tomar un giro imprevisto luego de la declaración del ex secretario de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Mario Elizalde. En esa oportunidad, Elizalde puso en el ojo de la tormenta en los profesionales encargados de analizar la sangre en el hospital San Martín de Paraná. El profesional había dicho ante la jueza de Instrucción Elisa Zilli que “en el hospital San Martín ni siquiera habrían analizado la sangre que fue enviada desde el San Roque”. De este modo, las culpas podrían recaer en el personal encargado de realizar las pruebas en ese hospital, ya que desde allí se habría informado que “la sangre estaba bien” sin analizarla. Ayer, luego de la declaración de una testigo surgió otra hipótesis: la posibilidad de que exista una “estafa procesal” por parte de profesionales del San Martín. Desde el nosocomio se habría remitido documentación “falseada”. Según la investigación judicial, en el San Roque no había reactivos químicos para realizar los exámenes para conocer si la sangre estaba infectada con HIV. Por tal motivo se envió al San Martín donde se realizó el análisis. Procesados Ricardo Alcain, jefe del área de Hemoterapia del San Roque, deberá responder por tres acusaciones puesto que omitió notificar al donante que era portador del virus, tampoco alertó al receptor, y en tercer lugar por el delito de Abandono de persona. Para los jueces, Alcain hubiera tenido que notificar a la madre que había dado a luz y estaba amamantando a su bebé. Sin embargo, dejó al nene a su suerte. Por su parte, la bioquímica Gabriela Coronel Campana, acusada de Lesiones graves, está procesada porque no habría registrado en el libro de donantes los resultados de los análisis de sangre practicados. La víctima se enteró por casualidad de su situación Debido a un cuadro anémico, la víctima fue sometida en octubre de 2006 a una transfusión de sangre en el San Roque. Posteriormente dio a luz a una niña y retomó su vida normalmente, junto a otros dos hijos de 8 y 2 años y su esposo, ignorando lo ocurrido. Recién en abril de 2007 una vecina suya, que había concurrido al área de Infectología del hospital San Martín para tratarse por toxo-plasmosis, le dijo que se pusiera en contacto con los médicos de ese lugar. Esa vecina, como otros pacientes, había escuchado una discusión a gritos entre los médicos reprochándose lo ocurrido, en la cual se mencionaba el nombre completo de la joven mujer. Así de casual fue la primera información y muchas de las siguientes, ya que el peregrinar de esta familia no halló en las semanas subsiguientes ninguna respuesta oficial, pero sí numerosos rumores del caso de “contagio por error”. Al cabo de un tiempo, la familia de la víctima recaló en el Juzgado de Instrucción Nº 8 de Paraná, donde se enteró de la denuncia que había formulado el entonces titular del programa Sangre Segura, Carlos Zanaschi, sobre el “error” . Recién entonces, cinco meses después de la transfusión, se le informó que debían realizarle análisis a sus hijos y esposo, ya que existía también riesgo de contagio. Incluso el niño del medio, que al nacer su hermanito tenía 2 años, había vuelto a ser amamantado, lo que aumentaba el riesgo. Como si lo ocurrido fuera poco, la familia de la joven fue informada en el hospital San Martín de que debían realizarse estudios complementarios y que para realizarlos había que enviar las muestras a un laboratorio de Rosario. A un año del contagio, la familia logró enterarse, a fuerza de preguntar ya que nadie les informó oficialmente, que en realidad las muestras habían sido remitidas de forma incorrecta y por eso los resultados eran parciales. (Fuente: Diario UNO)