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l funcionario ya había criticado a la firma en 2003 cuando denunció al Estado oriental por la instalación de las pasteras, por considerar que son incompatibles con la Constitución Nacional de ese país. Viana hizo hincapié además que por aquel entonces se evaluó la incapacidad que tenía “el Estado uruguayo para controlar y ni se sabía cómo era una pastera, y que al día de hoy ese conocimiento sigue siendo completamente nulo”. Frente a la denuncia de la fiscalía, la presión social por parte de ciudadanos uruguayos que se oponen a estos emprendimientos, queda en evidencia la incapacidad del Estado uruguayo como órgano de control y hasta se “llego a decir que Botnia se auto controlaba, de manera que se reconocía que el Estado no tenía la capacidad para controlar”. Viana en el año 2003 realizó una demanda civil por la instalación de ENCE en la zona de Fray Bentos, “mucho antes que Botnia empiece su construcción”. Cuando la fiscalía presenta la demanda, Botnia no se había empezado a construir, sin embargo presuponiendo que el proceso iba a ser largo “ya hablábamos e investigábamos sobre estos emprendimientos”. Luego, y ante el avance, y ya con Botnia confirmada realizó una nueva demanda “por un deber de coherencia frente a la nueva instalación de la empresa finlandesa en la zona”. Estas demandas explicó Viana, se deben a que “este tipo de industrias son incompatibles con el estatus de protección ambiental del Uruguay”. En el año 2004 en Uruguay se realizó un plebiscito vinculante, donde la población en un 70% votó para qué las “normas que ya estaban en la legislación uruguaya se incorporen a la constitución”. La protección del agua entonces pasaba a tener una prioridad por sobre cualquier tipo de emprendimiento económico y eso “fue la decisión de la ciudadanía”. “El estudio de la DINAMA tenía sus falencias, y no hubo una evaluación en contraposición al estudio hecho por la empresa”, para ese entonces “la fiscalía entendió que lo que hizo la DINAMA fue avalar el estudio de la empresa, darle el amén, que era un estudio de parte, que obviamente tenía un valor muy relativo”, precisó. Viana hizo hincapié además que por aquel entonces se evaluó la incapacidad que tenía “el Estado uruguayo para controlar y ni se sabía cómo era una pastera, y que al día de hoy ese conocimiento sigue siendo completamente nulo”. Frente a la denuncia de la fiscalía, la presión social por parte de ciudadanos uruguayos que se oponen a estos emprendimientos, queda en evidencia la incapacidad del Estado uruguayo como órgano de control y hasta se “llego a decir que Botnia se auto controlaba, de manera que se reconocía que el Estado no tenía la capacidad para controlar”. Y junto a todo esto la fiscalía entendió que la posición del Estado uruguayo de incentivar este emprendimiento “no hacia compatible con la función de control, es decir, no se puede ser juez y parte al mismo tiempo en el asunto”. Los intereses del Uruguay sobre la instalación de Botnia “no daban la independencia suficiente para que los organismos de control actúen”. Habló sobre la situación actual del proceso que lleva adelante “el proceso en este momento a raíz del cambio de juez esta demorado, está pendiente la prueba, ya que se ha incorporado hechos, episodios y testigos nuevos”. Y adelanta un dato muy importante “la idea de la fiscalía es llegar a los alegatos, que es la etapa previa a la sentencia que creemos estar haciéndolo antes de mitad de año”. Sobre las 8 perforaciones para extracción de agua que realizó Botnia “la fiscalía solicitó información sobre esas perforaciones que la empresa Botnia hizo sin autorización. En algunos casos casi ni se dio respuesta. En las que sí se dieron, fueron bastante pobres. La respuesta por parte del estado fue la utilización de agua para vestuarios o utilidades afines a los empleados y también para un procesador. Obviamente que no convenció a nadie. Y nos dejaron más dudas". Consultado sobre para que Botnia podría utilizar esa agua que extrae ilegalmente, el fiscal es cauto, “no puedo hacer afirmación, porque cualquiera que hiciera sería temeraria. Acá hay que disponer de personal con los conocimientos adecuados para que pudiera constatar para que se hicieron. Esto es uno de los graves problemas que tiene el permitir una zona franca”. “La zona franca, mas allá de que las autoridades, como la DINAMA debería tener la posibilidad de entrar fácilmente y hacer las inspecciones del caso, lo que consigue es que esa zona no la controle el Estado”. Viana comentó como está la situación del otro lado del charco “lamentablemente en estas cuestiones se termina dando la razón a uno o al otro. Los problemas de contaminación en Uruguay los conocemos muy bien, tenemos un problema grave en Montevideo con la contaminación por plomo. Estos problemas surgieron ahora en el Uruguay, pero sin embargo ahora se sabe que esa contaminación se empezó a generar hace 40 años”. Si bien la empresa ya ha presentado hechos concretos de contaminación, desde los medios se intenta sostener la mentira de que no contamina, al respecto el letrado nos decía “los procesos de contaminación de un río son lentos, pero terminan siendo inexorables. Yo creo que lo que va a mandar de aquí en más son los hechos; a los problemas de contaminación que ya tiene el río Uruguay se le agrego el alistamiento de los vertidos de Botnia. Y eso de alguna manera lo vimos con las famosas algas que han aparecido. Los problemas de olores que no se saben de dónde vienen. Los que está generando la forestación, que tiene relación de dependencia con las pasteras. Zonas donde antes había sequía pero se podía solucionar fácilmente y que ahora no pueden”. Reclamo social “Yo siempre he mantenido una visión, por el cargo que ejerzo, neutralizada de lo que ocurre dentro de fronteras. Simplemente creo que lo que ocurrió en Gualeguaychú fue algo que durante mucho tiempo a nosotros nos preocupó, o sea que todos los temas del medio ambiente iban de la mano de la participación pública. Todos los catedráticos uruguayos, argentinos, brasileños, europeos, todos coincidían en eso”. Viana destacó que “Gualeguaychú hizo caudal del tema de las manifestaciones, de la participación. Todos conceptos que la doctrina acompañaba hasta ahora”. El letrado también precisó: “Gualeguaychú lo llevó a consecuencias más extremas y muchos de los que están alineados a través de las ideas no saben si hoy respaldarlos o no”. Con preocupación plantea que “es el grave problema que tiene la academia hoy, frente a un caso de estas características no respondió con la celebridad ni con la capacidad que desde la teoría se debió hacer”. (Fuente: El Día de Gualeguaychú)