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a nota principal y tapa de la edición 1.925 del 4 de noviembre de 2004 de El Urú, un periódico ya desaparecido de Concepción del Uruguay, generó tantos infortunios a Raúl Daniel Marclay -periodista y ex director de la publicación, y su esposa María Inés D´Acosta –propietaria y editora del periódico- que su consecución concluye en que el primero deberá cumplir una condena de prisión efectiva de un año y una reparación del orden de los 25 mil pesos, si es que la apelación elevada a Casación le resulta negativa. En el escrito reclama la aplicación de la conocida causa Kimel, el fallo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene a favor del periodista Eduardo Kimel, autor del libro "La masacre de San Patricio", de 1989, donde narra la historia de la muerte de los curas palotinos durante la dictadura militar. Los hechos Esta parte -en realidad la segunda- de los acontecimientos comienza cuando El Urú publica la nota que colocó como la más jerarquiza de esa edición: “¡Urgente llamado para el Teléfono del Niño! La polémica historia del presunto hijo abandonado de Fabián Galarraga”. Con un lenguaje llano, sin apelaciones a un estilo depurado ni académico, con una narrativa fragmentada que muchas veces se escapa de las formalidades que impone el rigor y la estética periodística y que dificulta el hilo de lectura, El Urú publica una entrevista realizada a Mariela Mancazola, “que tiempo atrás mantuvo un romance y relaciones extramatrimoniales con Galarraga, y quedó embarazada de éste” se lee. La historia hubiese fluido sin penas ni glorias si no fuera porque Fabián Galarraga era nada menos que el titular del Servicio 102, Teléfono del Niño -que precisamente se encarga de la protección de niños vulnerables-. La nota es acompañada por un fotografía de la mujer y su pequeño hijo -ambos con una banda negra sobre los ojos- y con una introducción de cómo se produjo el encuentro en una vivienda de escasos recursos de una zona marginal de Concepción del Uruguay. En el artículo se contacta también al funcionario quien hace un descargo de la situación y dice que efectivamente posee este hijo, que estaba reconocido pero que ello formaba parte de su vida privada. No habrá lugar aquí para profundizar acerca del artículo -de cuatro largas páginas con un sinfín de avatares acerca del caso-, pero si decir que unos pocos meses después fue causa de una acción legal contra Marclay y su esposa, editora de la publicación. Antecedente Dice Marclay que durante el año 1998 descubre en su trabajo periodístico -he aquí la primer parte- una “verdadera industria del juicio” en el Departamento Jurídico de la Municipalidad, con muchas personas “que tenían miedo porque les hacían juicio de apremios y perdían sus casas” “Se arma un revuelo porque el HCD se preocupa y pide una reunión con la Secretaria de Hacienda y el director del Departamento Jurídico. Dicen en la reunión del 22 de mayo de 1998 ante los concejales que no mandaban a intimar a nadie y que no sabía los juicios que había”, describe, para agregar que “grababa todo lo que se decía en las sesiones y las comisiones y que los concejales dijeron que había una industria del juicio y sale a la luz que el departamento jurídico, a cargo del Dr. Juan Miguel Lacava estaban manejando mal los juicios. Él era el que mandaba”. Después de un largo periplo judicial, Marclay es condenado a un año y cuatro meses de prisión en suspenso producto de un juicio de calumnias e injurias que le inicia Lacava, donde asegura que no le permitieron “el legítimo derecho a defensa y tampoco poner las grabaciones” como prueba, ni tampoco el listado de causas de intimaciones judiciales a vecinos por sus viviendas, que exhibe ante este cronista. Dice Marclay que para esa sentencia se aplicó un antecedente y que se aplicó el Caso Kimel, antes que la CIDH tuviera el fallo rectificatorio. Por eso pide que ahora también -en la causa que le inicia Galarraga- se aplice el Caso Kimel, con el nuevo fallo del Tribunal internacional. Sentencia El periodista dice que luego de esa sentencia abandona la actividad y se dedica a la música. “Mi señora y mi hija, el novio de mi hija y otro muchacho de a poco iban manejando el diario. Ella se convierte en la editora y propietaria responsable de todas las ediciones del diario”, narra. Es allí donde dice que aparece la historia del año 2004, “donde mi mujer se entera que el titular del Teléfono del Niño, supuestamente, había tenido una relación extramatrimonial con una chica joven, de poco tiempo, y había nacido un hijo. Hicimos la nota donde mi mujer me pide que la acompañe porque era de noche. Allí la mujer -Mariela Mancazola- dice que le hizo juicio de alimentos, que él (Galarraga) la había amenazado con quitarle el hijo, con quitarle el plan Trabajar. En el diario ni siquiera censuramos el tema. La directora del Área de la Mujer fue la única que defendió a esta chica (Mancazola). Vimos la indigencia total y que vivían en una piecita. Galarraga alude que no quiere hablar diciendo que era una cuestión privada y que respetaba lo que decía Mancazola”. Marclay continúa un extenso e intrincado relato donde asegura que Mancazola dijo muchas cosas, que lo publicado fue estrictamente veraz, y antes de publicar el artículo “volvimos a hablar con ella para ver si rectificaba y dijo que quería que saliera así la nota”. El episodio concluye con un recurso de amparo -sobre el que Marclay dice que “se apela por primera vez al antecedente del ex presidente Carlos Menem contra la Editorial Perfil en el que la Corte Suprema divide la esfera privada del derecho a informar- un mes después y una acción penal de parte de Galarraga contra Marclay y su mujer, a pesar que ambos dicen reconocer que el primero no escribió la nota y que “sólo acompañó a su mujer a realizar la entrevista”. Un año después se inicia la causa que recae sobre la jueza Marta Cristina Bonifacino y el 21 de noviembre pasado -causa 4.324/I F.361- Marclay fue condenado a un año de prisión efectiva y el pago de una indemnización de 25 mil pesos por ser (junto a D´Acosta) coautor materialmente responsable de injurias contra Galarraga. El delito es excarcelable, pero como pesó el antecedentes, deberá Marclay ir a prisión por la causa abierta por el ex director de Asuntos Jurídicos Juan Miguel Lacava. Dice Marclay que no corresponde la aplicación de los artículos 109 y 110 del Código Penal y cree que su causa que “puede sentar un peligroso antecedente para la libertad de prensa y el accionar profesional de los periodistas”.