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esde hace seis meses, y argumentando restricción de gastos en viáticos, la Dirección General de Rentas (DGR) redujo la realización de controles de fiscalización a contribuyentes, decisión que se suma a la desactivación de los puestos de control de ingreso de mercadería a la provincia por tres pasos fronterizos interprovinciales: el Túnel Subfluvial, el Puente Rosario Victoria y el Puente Zárate Brazo Largo. “Todos los puestos de control se levantaron”, afirmó Salvador Pérez, delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en Rentas, que además fustigó la política que lleva adelante el titular del organismo, Guillermo Lisnesky. “Hay un verdadero descontrol sobre la mercadería que ingresa a la provincia. Se puede controlar fácilmente si se hicieran funcionar los puestos del Túnel, de Victoria y de Ceibas. Pero se desactivaron. Y además, hace seis el diarmeses que no se controla, no hay tarea de fiscalización, porque dicen que no hay plata para viáticos”, aseguró el dirigente. “Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que es necesario aplicar un sistema informático de control en los puestos. Hasta ahora lo que se venía haciendo es llenar una planilla a mano, pero esa información luego no se volcaba en ninguna base de datos, y así se perdía el control. Si se cargaran los datos en un sistema informático, tendríamos información de la mercadería que ingresa, y un control de facturación que nos daría información para realizar las fiscalizaciones a los contribuyentes. Hoy vamos a los ponchazos a tratar de ver qué se evadió”, añadió. Protestas La situación en Rentas quedó de manifiesto a partir de las protestas que vienen llevando adelante los empleados, con asambleas de dos horas por día en medio de una moratoria que lanzó el Gobierno con la expectativa de acercar más fondos al fisco. Aunque ese plan de facilidades, a juicio de los trabajadores, no ha conseguido hasta ahora mucha adhesión. Esta semana, los empleados de la DGR tienen previsto profundizar las protestas con asambleas de tres horas por día. Entre el menú de reclamos, está un pedido de recomposición salarial de 25 %, tal el planteo de ATE, que se formalice una orgánica y que se avance en las recategorizaciones de personal que quedaron pendientes. “Nos dicen que para las recategorizaciones tenemos que esperar la aplicación de la Ley del Régimen Jurídico Básico, pero esa ley todavía no fue reglamentada”, observó Pérez. Pero más allá de lo estrictamente sindical, el dirigente de ATE cuestionó con dureza la política impositiva que aplica Rentas, y sobre todo la decisión oficial de no gravar algunas actividades y reducir alícuotas en otras, achicando así la base imponible, y consecuentemente la posibilidad de recaudar recursos para el Estado. “En 2007 se redujo la alícuota para los contribuyentes del Impuesto a los Ingresos Brutos, que bajó del 3,5 al 3 %. También bajaron la alícuota de los aportes patronales de la Ley 4.035: del 3 al 2,5, y después del 2,5 al 2, y ahora al 1,5 %. Esto provoca que la recaudación, que ya de por sí está afectada por la crisis, siga cayendo. Además, observamos que hay descontrol en la liquidación de deudas que se pasan a los procuradores. Son deudas millonarias que no se cobran”, puntualizó. Dudas Desde ATE ponen dudas también sobre la moratoria que lanzó Rentas el 16 de marzo último, y que se extenderá hasta fin de junio, y a través de la cual se condonarán multas e intereses, en un 100 %, por incumplimiento de deberes formales y se habilita el pago de la deuda en hasta 60 cuotas y con tasas de interés de no más del 1 % “Hasta ahora –dijo el delegado sindical—es muy poca la cantidad de contribuyentes que se han presentado. Sólo van a averiguar cómo es. Pero estamos viendo que el plan no es como lo presenta el Gobierno. Para una deuda de 3.000 pesos, de un contribuyente chico, si el plan es en 60 cuotas, va a significar tener que pagar una cuota de 67 pesos. Es decir, no es como ellos dicen, que va a ser fácil de pagar. Lo que puede pasar es que se paguen dos o tres cuotas, y después no se pague más”. Tomando como base planillas de recaudación de Rentas, Pérez aseveró que los ingresos “vienen en caída”. La preocupación de un comerciante Víctor Bejar, comerciante, dueño de una tienda con tradición en la ciudad, con un local en la Peatonal San Martín, dice que a diario ve cómo Paraná se transforma en un mercado sin reglas. La piedra de toque que movió su malestar es el incesante crecimiento de la venta ambulante, sobre todo de frutas y verduras, que a su criterio avanza sin control. “La Municipalidad y la Provincia aunque sea deberían interesarse por lo que dejan de cobrar en impuestos porque la mercadería entra a la provincia y nadie sabe qué entra ni cuánto se vende”, dice. Pero no sólo dice, sino que también hace. Interesó formalmente a las autoridades de la Municipalidad de Paraná, en marzo de 2008, y aún nadie le contestó. Y fue y se presentó en el despacho del director de Control Comercial de la Dirección General de Rentas (DGR), aunque allí no le fue mejor. “Me explicó que desde que levantaron los puestos de control de la DGR en el Túnel, en Victoria y en Ceibas han perdido el control de la mercadería que ingresa a la provincia y no tienen manera de verificar a los contribuyentes. No hacen nada, a pesar de que es muy fácil control a los treinta y tantos cajones que bajan todos los días, a las 7,30, en el extremo sur de la peatonal San Martín, en su intersección con calle Gualeguaychú”, cuenta, metódico. “Los camiones que ingresan por el Túnel todo el día, todos los días, trayendo mercadería desde el mercado mayorista de Santa Fe, son más que evidentes: con pequeños o grandes acoplados, sin patentes, sin seguros, igual, no se ejerce ningún control sobre ellos. He estado con el director de la DGR, Guillermo Lisnesky: su respuesta es que con ese rubro no se puede hacer nada”. Así, Bejar se preguntó “a quién le conviene perpetuar esta situación”, y se respondió que “alguien se está beneficiando de esto, cobrando peaje y garantizado la operatividad de cada puesto instalado en la vía pública, los que son cada vez más”. (Fuente: El Diario)