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a quema de pastizales en la zona de islas, que tuvo a mal traer a los porteños durante septiembre último y despertó quejas hacia la provincia por la falta de control sobre tierras fiscales arrendadas a particulares, tuvo una derivación insospechada cuando el Gobierno puso a investigar el tema a la Fiscalía de Estado. En enero último, el Poder Ejecutivo instruyó a la Fiscalía para que evalúe qué tipo de sanción podría corresponderle a los productores que arrendaron tierras de dominio público para la cría de ganados, en cuya jurisdicción produjeron quemas de pastizales que, por efecto de la sequía del año último, se constituyeron en serio riesgo para el tránsito en las rutas, cubriendo de nubes de humo las principales vías de acceso a la provincia. Pero a poco de empezar con la investigación, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, reveló a EL DIARIO que se topó con una colosal irregularidad: la mayor parte de las tierras fiscales que la Provincia tiene en la zona de islas están registradas en la Dirección de Catastro a nombre de particulares. Repartidas El fiscal Rodríguez Signes tiene ya un panorama bastante global de la situación en la zona del Delta: desde Diamante hasta el sur, siguiendo el curso del río Paraná hasta su desembocadura en el Río de la Plata, hay aproximadamente 1.150.000 hectáreas, que en su origen fueron de la provincia, pero que con los años siguieron un proceso de transferencia derivado de compras, ventas y apropiaciones no siempre lícitas. Actualmente, la Provincia sólo tiene bajo su dominio un total de 190 mil hectáreas, la mayoría concentradas en los departamentos Victoria y Gualeguay, y en menor medida, en Islas y Diamante. Aunque se da un hecho llamativo: en el departamento Victoria sobre un total de 120 mil hectáreas de Delta, 50 mil hectáreas han sido “mensuradas”, esto es que han sido divididas, registradas e inscriptas como propias por particulares en la Dirección de Catastro. Y en el departamento Gualeguay, sobre 42 mil hectáreas de islas fiscales, 50 mil –así lo consignó Rodríguez Signes—están “parceladas” por privados. Es decir, más de las existentes. “Hay más hectáreas parceladas que las reales, lo cual habla de un descontrol absoluto”, afirmó el funcionario. “Claro que poner orden, y establecer qué es lo que pasó obliga a realizar un trabajo conjunto con distintos organismos, parcela por parcela”, añadió. Qué pasó En 2007, el Estado arrendó parte de las islas fiscales que posee en el departamento Victoria. Fue un total 78 mil hectáreas que se arrendaron a $ 17,50 por hectárea/año. Así de las 78 mil hectáreas adjudicadas en arrendamiento a los privados, en su mayoría para cría de ganado, el Estado previó obtener una ganancia anual por cobro de los arrendamientos de $ 1.365.000, según cálculos oficiales. El mecanismo se puso en marcha en el marco de la denominada Ley de Arrendamiento Nº 9603. “Para el arrendamiento –establece el artículo 5º de la norma— el Poder Ejecutivo fijará un precio base mediante una relación del valor del índice promedio del kilo vivo de novillo que fija el Mercado de Liniers, por hectárea y por año. La adjudicación se realizará a la mejor oferta, conforme a las condiciones que por reglamentación de la presente norma se determinen”. Pero cuando apareció la problemática de la quema de pastizales, y sobre todo su impacto sobre Buenos Aires, la cuestión de los arrendamientos se puso en discusión. El 25 de septiembre de 2008 el gobernador Sergio Urribarri firmó con sus pares de Santa Fe, Hermes Binner, y de Buenos Aires, Daniel Scioli, una carta intención para poner en marcha un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. En ese ámbito, Urribarri dio a conocer la voluntad de su gobierno de rescindir los contratos de arrendamientos de las tierras donde se hayan verificado quemas de pastizales. “Hoy hemos tomado la decisión de rescindir todos los contratos de arrendamiento en aquellos predios donde se hayan producido quemas de pastizales para el engorde de ganado. Y también vamos a rescindir todos los contratos cada vez que ocurra una situación como esta”, anunció el Gobernador, pero aquella determinación nunca pudo concretarse. Y por eso a principios de año el Ejecutivo encomendó a la Fiscalía de Estado actuar en el tema. Foráneos La pesquisa derivó en el descubrimiento de un mecanismo de apropiación por particulares de tierras fiscales que ahora no se sabe cómo revertir. Sucede que hay productores que ya se han “instalado” en tierras fiscales de forma definitiva. “La gente se instaló allí e hizo plano de mensura, con el objetivo de adueñarse de las tierras. Esos planos de mensura fueron registrados en Catastro, y ahora habrá que ver la forma cómo el Estado recupere la propiedad”, dijo el fiscal de Estado. Pero según Rodríguez Signes hay imposibilidad de apropiación de tierras fiscales por parte de un particular. “En el caso de la propiedad de un privado, otra persona puede iniciar un juicio de usucapión si puede probar que ocupó el predio durante más de 20 años, y además cuenta con documentación que lo avale, como el pago de impuestos. Pero la propiedad del Estado no, es inmanente, no se puede apropiar”, observó. Por eso, Fiscalía produjo ya un dictamen por el que recomendó a Catastro no registrar más propiedades que se pretenda inscribir bajo esa modalidad y se trate de tierras fiscales. “La mayoría de quienes se apropiaron de esas tierras no son de Entre Ríos. Son de Buenos Aires y Santa Fe, aunque determinar la situación exacta demandará una trabajo arduo”, admitió. Por eso, ya están trabajando en forma conjunta la Fiscalía de Estado, la Dirección de Catastro, la Dirección General de Rentas, la Policía de Entre Ríos, Prefectura y el Ministerio del Interior de la Nación. (Fuente: El Diario)