E

n octubre del año pasado, a pocos días de efectivizarse el aumento mencionado, que afectó particularmente a los estudiantes secundarios y universitarios (el boleto para este segmento subió un 70%), integrantes del ARI y de la Coalición Cívica de Paraná recurrieron a la Defensoría del Pueblo con el objetivo de solicitar su intervención ante esta situación, ya que entendían que “el transporte es un derecho con una función ineludible, y por lo tanto, debe ser el Estado quien debe constituirse en el garante de los derechos de los sectores más desfavorecidos”. Por este motivo, ha trascendido que en los próximos días la institución a cargo de la Lic. Martha Benedetto se expedirá sobre esta cuestión, haciendo especial hincapié en la necesidad de generar espacios de discusión sobre la cuestión del boleto estudiantil para poder llegar a un acuerdo que permita resolver este tema, “porque está directamente implicado con el derecho a la educación y la responsabilidad que tiene el Estado (tanto provincial como nacional) frente a esto”. “Esperamos con expectativa lo que pueda decirnos la Defensora” afirmó Valeria Enrique, quien además es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación, “puesto que la lucha por el boleto estudiantil no puede quedar en la nada, y es necesario abrir el debate para discutir este y otros puntos, si es necesario a través de audiencias públicas”, agregó.