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través de un nutrido grupo de empleados de la empresa de vigilancia privada Elite, se denunciaba una serie de graves irregularidades, desde la Policía de Entre Ríos surgió la respuesta que sorprendió a todos: “La empresa de vigilancia privada Elite está inhabilitada para funcionar”. Por cierto que la respuesta a la nota publicada cayó como un baldazo de agua fría en muchos ámbitos comerciales en los cuales la firma de seguridad privada ubicaba a sus hombres uniformados, y en la sociedad toda. “Puedo confirmar que esta empresa no está habilitada para desempeñarse como tal, según me informó el abogado de la institución policial, y me dejó una carpeta con todos los detalles que me confirman que estaba trabajando de manera irregular. Por cierto que de aquí en más deberemos investigar por qué seguía desempeñándose y si existe alguien dentro de nuestro ámbito o en otros que puedan estar vinculados con la policía que le pudieran facilitar este desempeño”, explicó telefónicamente el subjefe de Policía de la provincia, comisario general Juan Ramón Rosatelli. Por cierto que llama poderosamente la atención que la empresa Elite estuviera brindando servicios de seguridad durante años a la firma prestataria de energía Enersa, desde antes que pasara nuevamente a manos del Estado Provincial y aún durante un buen tiempo hasta que decidieron rescindirle el contrato, sin que esta anormalidad surgiera a la luz. Cabe recordar que el titular de Elite fue investigado, e incluso estuvo procesado por el saqueo de elementos de desguace de la ex sede de Epeer, que estaba ubicada en calle Corrientes y Gregoria Matorras de Paraná, encontrándose muchos de estos materiales escondidos en la ex sede del Tiro Federal de Paraná, en calle Churruarín, institución de la cual el dueño de Elite supo ser presidente. También está pendiente una investigación por el robo de un cheque por una considerable suma de dinero, hecho que se le acusó a una familiar directa del dueño de la empresa de vigilancia, que también firma documentación para Elite. Pese a todo, la vigiladora privada seguía funcionando, promocionándose en medios de comunicación y contratando servicios con fábricas, comercios particulares y otros ítems a los que dentro de su manejo les denominan “objetivos” a cubrir. Los empleados que reclaman más de tres meses de sueldo impagos y que denunciaron sus dudas sobre las autorizaciones para que muchos de ellos puedan portar armas en sus puestos de vigilancia y la falta de idoneidad de las personas que contratan para colocarles un uniforme, temían que muchas pruebas de lo que ellos están manifestando desaparezcan. “Nos enteramos que estaban sacando muebles de las oficinas y existe la versión de que podrían intentar presentar quiebra. Ya hoy -por ayer- nadie nos atendía. Nosotros no tenemos que escondernos de nadie, pese a los amedrentamientos que están intentando, son ellos los que ahora se empiezan a esconder”, dijeron. Los empleados, el jamón del sándwich “Muchos de nosotros estamos ya sin un peso en el bolsillo y tenemos familias que mantener. Quisimos hacer todo lo legalmente posible, fuimos a la Dirección de Trabajo y el señor Balla nos hizo informar que teníamos que ir con un abogado que nos represente... Nosotros fuimos como trabajadores perjudicados, no sabíamos de estos requisitos, fuimos a ver a un par de abogados pero parece que les tienen miedo a esta gente. Pero más allá de todo, queremos que alguien investigue por qué se llegó hasta aquí, Debe haber algún responsable, no puede ser que después que nos animamos a destapar esta olla alguien diga sorprendido que la empresa estaba inhabilitada. ¿Cómo puede ocurrir esto sin que nadie resulte responsable? ¿esto quiere decir que pese a que se veía actuar a esta empresa públicamente nadie la controlaba o le cerraba las puertas y le dejó hacer todo esto?”, se preguntó Julio Almeida, uno de los empleados. Siendo aún más duro, opinó, con la anuencia de todos sus compañeros que trataban desesperadamente que alguien actúe ante semejante impunidad, que “lo que nos parece es que si esta empresa seguía funcionando era porque alguien estaba haciendo la vista gorda y lo dejaban hacer, porque si ahora nos enteramos que existen organismos de contralor, no podemos creer que hacía falta que saliéramos en los medios de comunicación para que se avivaran. Mientras, todos estos años a nadie le importó que engañaran a empleados y a clientes con una empresa que no tenía habilitación para trabajar. Algunos se llenaron los bolsillos explotándola y no queremos llegar a pensar que compartían esas entradas para seguir funcionando”, dijeron muy dolidos. Fuente: El Diario