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l senador mendocino del ala justicialista, Miguel Serralta, envió un proyecto de ley a la Legislatura provincial con la polémica iniciativa de castigar a los violadores que reciban condena con la castración química o quirúrgica. “Este es un delito asqueroso con un alto porcentaje de reincidencia, por lo tanto, por más que el violador sea condenado sale y sigue haciendo daño. La castración es la única alternativa segura”, sentenció en declaraciones al diario Uno de Mendoza. Así, propuso inhibir la testosterona de los condenados por delitos sexuales a través de cirugías o fármacos, un método ortodoxo legalizado en varios países del mundo como recurso para evitar que los violadores vuelvan a cometer el aberrante delito. Para ello, es necesaria una modificación del Código Penal de la Nación, aunque Serralta sostiene que Mendoza puede valerse de otra alternativa para incorporar este castigo en la legislación provincial. Una opción propone una modificación en la ley del Régimen Penitenciario que establece las modalidades de ejecución de las penas, la Ley 3.645. “En esta norma se podría establecer que los condenados por delitos de abuso sexual desde el momento en el que comienzan a gozar de salidas transitorias deberán someterse a la castración”, apuntó el legislador. La otra alternativa constaría en aplicar la pena a todos aquellos que formen parte de la base de datos que almacena los patrones genéticos de los condenados, a través de la incorporación de la propuesta en el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REIDS). Ahora, la propuesta de Serralta deberá sortear no sólo el debate legal sino también el análisis médico que considere las alternativas de castración que se determinan en la ley y, sobretodo, una amplia discusión moral y religiosa a la que el senador se adelantó y dijo que “se inhabilita una sola área de la vida del violador, que es la sexual, pero esa persona marca a un niño o niña o a una mujer para toda vida cuando comete una vejación”.