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os principales representantes del campo a nivel nacional recibieron sin grandes festejos el anuncio de la emergencia agropecuaria por parte del Gobierno, porque consideraron que era lo que debía hacerse. Pero además advirtieron que tienen que ver cómo se aplican las disposiciones y criticaron algunas medidas. La Sociedad Rural Argentina (SRA) consideró que el decreto constituye "ni más ni menos que la aplicación de la legislación vigente", y que "no debe interpretarse como una respuesta definitiva al problema" de la sequía. “No se trata de ningún mecanismo excepcional respecto de lo que está previsto", sostuvo la entidad que preside Hugo Biolcati, a través de un comunicado difundido a la prensa. Si bien destacó que "representa, sin embargo, un paso adelante en el camino para enfrentar una situación gravísima", cuestionó que "no debe interpretarse como una respuesta definitiva al problema". El más duro fue el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, quien sostuvo que "siguen siendo operaciones para confundir a la opinión pública, parte de la estrategia comunicacional para desinformar a la opinión pública urbana". "El título es que declararon la emergencia, pero es una verdad a medias", manifestó, ya que "del petitorio elevado la semana pasada, que incluía una serie de planteos muy completos para atenuar lo que le pasa a los productores, la Presidenta hasta ahora no respondió nada". Buzzi sostuvo que la jefa de Estado "apenas si cumplió su deber al declarar la emergencia, dando cuenta de una ley que está vigente hace varios años. Y ya varios gobiernos provinciales vienen trabajando en este tema". "Pero lo que hay que decir es que en la Argentina, lo que viene si no hay un profundo plan de aporte a los productores que reconstituya las economías del interior, es catastrófico", alertó, por entender que "la vida real de los pueblos está seriamente afectada por la combinación de las políticas de este gobierno con la situación climática. Para revertir este proceso se necesita algo más que una simple declaración de emergencia". La mano en el bolsillo a la FAA Buzzi dijo que la gratuidad de las cartas de porte dispuesta por el Gobierno son "una burla" para los productores y "un castigo" a la entidad que él conduce. "Decir que mejora la situación de los productores por el ahorro de siete millones de pesos en concepto de cartas de porte es una burla", señaló en un comunicado. El dirigente agropecuario aseguró que "en realidad, lo que intentan con esta decisión es sancionar y perseguir a la Federación Agraria, que es una de las entidades habilitadas para comercializarlas, por haber enfrentado el modelo de concentración económica que lleva adelante este gobierno". Las cartas de porte son documentos sin los cuales no se puede transportar granos en el país, y que tenían un valor aproximado de 10 pesos. La FAA tiene a cargo el 10 por ciento de las cerca de 12 millones de Cartas de Porte que se emiten en el país, lo que representa para la entidad gremial ingresos anuales por unos 2.400 millones de pesos, ya que percibe unos dos pesos por cada documento. Esta situación podría traer aparejado el despido de cientos de trabajadores, según advirtieron desde esa entidad. Sólo en la provincia de Santa Fe, la Federación da trabajo a 200 personas para la emisión de las cartas de porte en las 70 bocas de expendio de ese distrito.