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l último año sin ley de movilidad de haberes jubilatorios (el nuevo régimen regirá desde 2009) llega a su fin con una pérdida acumulada para muchos jubilados y pensionados de hasta un 40% en el valor real de los ingresos mensuales, si la comparación se establece con los últimos meses de 2001. Pese a las especulaciones que existieron cuando el Poder Ejecutivo decidió tomar los ahorros acumulados por los 9,5 millones de afiliados a las AFJP, no hubo finalmente un alza de haberes antes de finalizar 2008, aunque sí una asignación de pago único por fin de año, de $ 200, que fue presentada por la presidenta Cristina Kirchner como un "reconocimiento" para las personas mayores. La falta de una actualización de los ingresos jubilatorios que acompañe la evolución de precios (respetando el poder de compra) o el alza de los salarios activos es el principal motivo del incremento inédito de causas judiciales que hubo durante 2008 contra la Anses: llegaron a presentarse en promedio 125 demandas diarias y, según fuentes del fuero de la Seguridad Social, hay 221.000 causas tramitándose en las distintas instancias de la Justicia. En esos expedientes podrían estar representados casi medio millón de jubilados, ya que muchos juicios tienen más de un reclamante. La presentación de causas se aceleró luego de que los jueces de la Corte Suprema dictaminaron en el fallo Badaro -a fines de 2007- que los haberes deben ajustarse siguiendo la evolución de los salarios activos a partir de enero de 2002. Se considera ese mes porque fue la salida de la convertibilidad, lo que disparó el movimiento de precios y, en forma más tardía, el ajuste de los salarios de los trabajadores. Casi dos años después de que lo ordenaran los jueces supremos, el Gobierno decidió impulsar, en 2008, una ley de movilidad jubilatoria, aprobada no sin poca polémica por la forma en que se aplicarán los índices para la actualización de haberes. El director de la Anses, Amado Boudou, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fueron los encargados de defenderla. Ese mecanismo sólo se tomará en cuenta a partir de 2009, sin que se dé solución a la desvalorización sufrida hasta ahora por los haberes, y pese a la decisión de los magistrados. El grupo más afectado por el retraso de ingresos es el de quienes en diciembre de 2001 percibían más de $ 1000 porque son quienes recibieron una recomposición en forma más tardía y de menor porcentaje. Pero la situación también afecta, en diferente medida, a los bolsillos de quienes percibían un monto inferior al mencionado, pero mayor al mínimo -por entonces de 150 pesos- e incluso a muchos de quienes hoy están en el escalón más bajo de ingresos, que perciben la mínima actual, de 690 pesos. En los últimos años, el haber mínimo subió un 360%, algo que mejoró la situación de los que menos tienen. Pero como los aumentos de los haberes medios o altos tuvieron otro ritmo e intensidad (más leves), el efecto fue que muchas personas fueron quedando incluidas en la parte más baja de la pirámide de ingresos. Estimaciones de las caídas Para la franja de ingresos más altos, el primer ajuste llegó en junio de 2006, cuando el alza de precios acumulada desde 2001 era del 82,6 por ciento. Este grupo suma un aumento del 63,07% frente a una inflación cercana al 170% (según los datos del Indec hasta diciembre de 2006 y estimaciones de economistas desde enero de 2007, cuando la intervención política en el instituto minó la confiabilidad de los datos). Si hace ocho años un jubilado percibía $ 1500, su haber es ahora de 2445. Pero, según el aumento promedio de precios (el efecto varía según el consumo de cada hogar), los bienes y servicios que en esa época valían $ 1500, hoy obligarían a desembolsar $ 4050. Y así, lo que ahora esta persona retira de la ventanilla del banco equivale al 60% del valor de esta canasta. En otro ejemplo, alguien con un ingreso que en aquel momento era de $ 700, recibe hoy 1265,50, un 79,5% más. En términos de poder de compra, eso se traduce en una caída del 33%. Y un jubilado o pensionado con un ingreso más bajo en 2001, de $ 300, por ejemplo, también tuvo una pérdida frente a la inflación, ya que recibió desde entonces un ajuste del 134,7 por ciento. En este caso, la caída estimada del valor real sería del 13 por ciento. (La Nación)