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El Diario).-Después de un año de debate, en su última sesión la Cámara de Senadores de la Provincia dio sanción definitiva a la ley que establece el régimen jurídico de la carrera profesional asistencial-sanitaria. Lo hizo sobre un despacho de Diputados, que realizaron modificaciones al texto que había remitido anteriormente el Senado, con lo cual la Cámara alta debió refrendar este nuevo dictamen para convertirlo en ley. La modificación más importante que se le hizo en la Cámara de Diputados al proyecto que venía de Senadores fue la exclusión del seguro de mala praxis, un reclamo que los médicos que trabajan en hospitales públicos habían logrado introducir en la redacción en Senadores, pero que finalmente quedó afuera, tras las consultas de los diputados a las autoridades del Poder Ejecutivo. Al final, el 23 de diciembre los senadores aprobaron el dictamen tal cual lo mandó Diputados y quedó convertido en ley, sin el seguro. Ahora, resta que el Poder Ejecutivo la promulgue. La noticia cayó mal entre los médicos que vienen pidiendo que el Estado pague el seguro de mala praxis a sus profesionales contratados y de planta –inclusive se reunieron por esta cuestión con los legisladores- aunque desde el oficialismo prometieron una resolución del tema que saldría por decreto y el apoyo de abogados de la Provincia. “Esto es un paso atrás en la relación de los profesionales y el Estado”, dijo Carlos Berlo, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Entre Ríos. Lamentó también que la determinación de “las orgánicas de hospitales quede a resolverse por decreto”, dijo. Compromiso El diputado Darío Argain, de la comisión de Salud de la Cámara, explicó que “el despacho de Senadores viene en segunda revisión: en la Comisión de Salud se acepta parcialmente el despacho de Senadores, en el que se insiste con uno de los artículos donde figura la mala praxis de parte del Estado. Como articulado taxativo queda excluida, con el compromiso de discutir paralelamente el monto del código que se paga por Responsabilidad Profesional (que compone el sueldo del agente)”, precisó el diputado, que también es médico. “Hoy se pagan $ 60 por Responsabilidad Profesional, hay que determinar cuál sería el monto para que al profesional le alcance para contratar su propia póliza a través de instituciones intermedias. A la vez, el Estado proveerá estructura jurídica de asesoramiento para que (el médico) no gaste dinero atendiendo una demanda de mala praxis, que puede confirmarse o no”, dijo. La intención es que el médico “se sienta protegido” señaló Argain y reconoció que mientras la parte demandante “ejerce el derecho a litigar sin gastos, durante el proceso de instrucción, hasta que se determina si amerita la causa, el médico gasta dinero en etapas preliminares”. Por eso, la idea es “elaborar un trabajo desde la Legal y Técnica de la Cámara de Diputados y la Fiscalía de Estado para armar equipo de profesionales destinados al tema”. Por qué no Aunque se incluye en la elaboración del Senado, Diputados quita el seguro de mala praxis del texto de la ley luego de consultas con la Secretaría de Salud. “En la Nación no hay antecedentes y no hay ninguna ley de salud en las provincias donde exista seguro mala praxis a cargo del Estado”, argumentó Argain. Ante un caso de mala praxis de un médico que trabaja en salud pública, “el Estado tiene doble rol: debe defender al profesional, pero cuando se confirma mala praxis tiene que velar por los derechos del ciudadano perjudicado. Si el profesional pierde el juicio, el Estado toma otro rol. Consideramos que el profesional, como ya tiene entidades intermedias y coberturas en clínicas privadas, puede aumentar la póliza para que cubra la actividad en la asistencia pública”, señaló finalmente el diputado. Qué regula la ley La ley de carrera profesional asistencial-sanitaria comprende a los profesionales y técnicos que presten servicios en los establecimientos dependientes de Salud Pública: se incluye en el régimen de la ley a los bioingenieros, bioquímicos, farmacéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, licenciados en administración hospitalaria, licenciados en kinesiología y fisiatría, licenciados en trabajo social, médicos, nutricionistas, obstétricas, odontólogos, psicólogos, psicopedagogos, podólogos y terapistas ocupacionales. Así mismo se contempla a los técnicos en bioestadística, en producción de bioimágenes, en esterilización, en hemoterapia, en laboratorio, en mecánica dental, instrumentistas y radiólogos. Acerca de las nuevas implicancias de la ley, el diputado Darío Argain destacó que es “fundamental en la calidad jurídica institucional, pues contiene a todos los profesionales de salud, reglamenta la nueva manera de ingresar a la carrera y evolucionar desde médico asistente hasta jefe de servicio”. Subrayó que se establece que “al cargo de director del hospital se accederá por concurso, y se le exige el curso de 200 horas oficial de administración hospitalaria”. Por otro lado, “con esta ley, se van a regularizar las orgánicas de hospitales, los servicios, los concursos, y se dará más estabilidad, más tranquilidad en la carrera médica”, dijo por último Argain. “Es un paso atrás y va a traer cola” “Sacaron el seguro de mala praxis de la ley y esto ha causado malestar. Habla de la desprotección al trabajador, no es lo que el Senado quiso cuando mandó (a Diputados) la media sanción, que tenía incorporada la mala praxis”, dijo Carlos Berlo, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Entre Ríos, a propósito de la reciente sanción de ley de carrera asistencial. “Nos invitaron a nosotros (a dialogar con los diputados) pero hacen lo que ellos quieren, según el lineamiento del Gobierno nacional, arbitrariamente. Quitaron lo que Senadores analizó perfectamente e incluyó en el proyecto de ley, la mala praxis: Diputados dice que no es viable. Esto no nos lleva a buen puerto, es un escollo más a la labor del profesional de la salud, que está tiene deteriorados desde el salario hasta las condiciones de trabajo”. Luego recordó Berlo que “la contadora (Graciela Traverso, secretaria de Salud provincial) dijo que si pagaba el Estado el seguro a los médicos, tenían que darles mala praxis a todos los profesionales de todos los niveles. Esto es desconsiderar el trabajo que se realiza en salud, la alta incidencia de juicios injustos, que no tienen sentido y habitualmente implican un costo muy alto para el profesional, que debe pagar honorarios”. Por otro lado, el “ministro de Salud (Ángel Giano), abogado, es uno de los que opinó para que sacaran la mala praxis”, dijo Berlo. Malestar “El Iosper y el PAMI les exigen el seguro de mala praxis a los prestadores”, razonó Berlo, contraponiendo la situación con la decisión del Estado provincial en relación con los médicos del sistema público. “Hay una industria del juicio, inclusive en el Hospital en un momento aparecieron carteles de estudios de abogados para estas cosas”, contó. “Nos ofrecen los abogados del Estado para que nos representen, pero el Estado los juicios los pierde todos, ¿Esos abogados son los que van a defendernos a nosotros?”, se preguntó. La exclusión del seguro de mala praxis de la ley asistencial “es paso atrás en la relación entre los profesionales y el Estado, esto va a traer cola, a la gente no le va a gustar”, consideró. “Dicen que van a sacar por decreto (el seguro), pero el decreto no se va a poder hacer ahora; también la orgánica (de hospitales) tiene que salir por decreto pero el Gobernador no está, todo se va a demorar un tiempo más. Estuvimos un año trabajando en esto, todo es muy lento”, lamentó finalmente Berlo, dirigente sindical de los médicos.