L

a Cámara de Diputados tratará el jueves el proyecto de ley del diputado Jorge Kerz (PJ) unificado con los que impulsaron desde el Senado, Carlos Garbelino (PJ-Victoria) y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti. En lo que tiene que ver específicamente con el área Salud, los legisladores trabajaron junto al ministro Ángel Giano, al igual que en lo relativo a transporte se acordaron modificaciones con la Dirección Provincial de Transporte y se incorporaron aportes de la diputada nacional de Cristina Cremer (ex titular del área provincial de discapacidad) sobre la creación de un Consejo Asesor en Discapacidad, y el régimen jubilatorio de los empleados que trabajan con discapacitados. Asimismo se recibieron aportes de organizaciones intermedias involucradas en la temática. Si bien el proyecto es extenso (tiene 49 artículos) se destacan algunas definiciones como la declaración de interés público del “desarrollo integral de las personas con discapacidad, en iguales condiciones de acceso, oportunidad, características, derechos y deberes que el resto de los habitantes”. En base a esa premisa, se señala que la ley establece “un sistema provincial de protección y promoción integral a las personas con discapacidad, tendiente a lograr la integración social y desarrollo personal, la equiparación de accesibilidad y oportunidades, y el mejoramiento de su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades fundamentales”. Por esta ley, el Estado Provincial brindará a las personas con discapacidadlas siguientes prestaciones asistenciales: rehabilitación integral, regímenes especiales de seguri-dad social, escolarización en condiciones adecuadas según la discapacidad, capacitación labo-ral, créditos o subsidios destinados a facilitar la actividad laboral, ayuda social por desempleo y asistencia técnica y asesoramiento sobre la temática. De acuerdo al artículo 21 de la Constitución Provincial recientemente reformada, el Instituto Provincial de Discapacidad el cumplimiento de importantes funciones tendientes a garantizar el cumplimiento de estos objetivos. El proyecto tiene capítulos especiales dedicados a Salud, Educación y Empleo que establecen derechos que deben garantizar diferentes áreas del Estado provincial junto al organismo específico de discapacidad. En el primero de ellos se señala, por ejemplo, que la Secretaría de Salud “garantizará las prestaciones para la rehabilitación o tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social” y que el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) lo hará para sus afiliados. Asimismo la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Provincial de Discapacidad, ejecutará programas a través de los cuales se creen en los hospitales servicios destinados a las personas con discapaci-dad. En cuanto a Educación se señala que el Consejo General de Educación garantizará “el acceso oportuno, permanencia y egreso de la educación a las personas con discapacidad, desde la educación inicial hasta la educación superior”. Esta disposición incluye tanto la educación pública de gestión estatal como la pública de gestión privada en todas las modalidades . Finalmente en el capítulo de Trabajo se señala que los tres poderes del Estado provincial, al igual que los entes descentralizados, “están obligados a emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción superior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por éstas, en igualdad de condiciones y oportunidades de remuneración”. “Las personas físicas o jurídicas que deseen ser proveedores del Estado Provincial deberán acreditar ante el Registro de Proveedores del Estado las adecuaciones realizadas acordes con las disposiciones de la presente ley” mientras que las ya inscriptas tendrán un plazo de 4 años contados a partir de la publicación de la presente, para adecuase a esta exigencia. Asimismo se establecen mecanismos tendientes a hacer cumplir la legislación vigente en este tipo de empleos y sistemas de promoción fiscal para quienes los ejecuten. En Diputados se concursó el cargo Con el inicio de esta gestión, en la Cámara baja se convocó a través del decreto 156 a un concurso para cubrir un cargo en Diputados destinado a personas discapacitadas, de tal suerte que en sólo días el aspirante que obtuvo mayor puntaje comenzará a ejercer las funciones administrativas para las cuales representó. Ese concurso fue para cubrir un (1) cargo vacante de Oficial de Tercera, categoría 11, de la planta permanente de la Cámara para desempeñarse en el ámbito de la Cámara de Diputados. Entre los requisitos se le solicitaba estudios secundarios y comprensión y ejecución de herramientas necesarias para las tareas habituales de la Legislatura. Se presentaron casi una decena de aspirantes de los cuales, uno de ellos , ocupará el empleo precisamente en estos días. Las estadísticas En la Argentina, según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), que data de 2003, son 2.176.123, el 7,1% de la población total. Sólo el 24,9% se encuentra empleada, mientras que el 4,7% está desocupada, esto quiere decir que está buscando activamente empleo. El restante 68,4% no busca trabajo. Algunos nunca podrán ingresar en el mercado laboral por la gravedad de sus afecciones, pero otros sí podrían hacerlo teniendo los apoyos sociales y familiares necesarios. (Fuente: RecintoNet)