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on la recuperación democrática, la Argentina inició un camino oscilante en el juzgamiento de los represores de la dictadura, que comenzó con con el Juicio a las Juntas, tuvo luego un período de perdón y avanza ahora a paso firme desde la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos. Conforme las últimas informaciones brindadas por las fiscalías de todo el país a la Procuración General de la Nación, existen hasta hoy unas 1.000 causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, entre las cuales hay 223 con procesamientos y 32 condenados, de los cuales 19 tienen además otros procesos pendientes. Además, en este registro confeccionado en noviembre pasado y al que tuvo acceso Noticias Argentinas, figuran 371 represores que están detenidos a la espera para resolver su situación procesal o una sentencia de condena y 61 que permanecen prófugos. Los juicios contra represores de la dictadura se reactivaron después de que en 2003 el Congreso declarara inconstitucionales las denominadas «leyes del perdón», decisión que en 2005 fue imitada por la Corte Suprema de Justicia. Luego, en julio de 2007, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional el indulto al general Santiago Riveros, fallo que sienta jurisprudencia para el resto de los perdones concedidos por Carlos Menem entre 1989 y 1990 a jerarcas de la dictadura como a líderes de la guerrilla que no alcanzaron a ser beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Los datos de estas planillas dan una magnitud del avance de la política de derechos humanos impulsada por el gobierno tras los 18 años de vigencia de las normas del perdón, a la vez que dan cuenta de la lentitud de este trabajo. El registro de la Procuración, a cargo del fiscal general Jorge Auat y coordinado por Pablo Parenti, señala a la Capital Federal como el distrito judicial con mayor cantidad de causas tramitadas: 27 y 135 procesados. Lo siguen Mendoza, con 59 causas y 38 imputados procesados; Córdoba, con 17 causas y 59 procesados; Tucumán, con 31 causas y 30 procesados; y La Plata, con 12 causas y 45 procesados. Entre los casos más resonantes en la Capital Federal, se encuentra el de Julio Simón, conocido como «el Turco Julián», un miembro de la Policía Federal que actuó como torturador en el centro clandestino el Olimpo y que en 2006 fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad el primer juicio contra represores tras la derogación de las leyes. En La Plata, tuvo fuerte repercusión el fallo con pena a prisión perpetua a quien fuera la mano derecha del ex general Ramón Camps, Miguel Etchecolatz. Un testigo en este juicio fue el albañil Jorge Julio López, quien inmediatamente después de que Etchecolatz fue condenado desapareció sin dejar rastros y hasta hoy ni el gobierno nacional ni el provincial han obtenido éxito en sus pesquisas. Pero en La Plata también fue condenado, en un fallo histórico, el primer integrante de la Iglesia: se trata del sacerdote Christian Von Wernich, quien fue hallado culpable de siete homicidios y 34 casos de tortura, por los jueces lo enviaron a la cárcel de por vida por delitos que formaron parte de un «genocidio». A raíz del veredicto, la Conferencia Episcopal Argentina tomó distancia del ex capellán policial pero hasta el momento no aplicó alguna sanción canónica que le impida que aun preso celebre misas o imparta el bautismo, el casamiento o la confesión, sacramentos a los que todavía está habilitado. En Córdoba, el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y encargado del centro clandestino de detención «La Perla», Luciano Benjamín Menéndez, fue condenado en julio pasado a prisión perpetua junto a otros 7 represores por los secuestros, torturas y asesinatos de cuatro militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cometidos a fines de 1977. Sin embargo, Menéndez también recibió una pena similar en Tucumán por otra causa junto a Antonio Bussi por el secuestro y asesinato de Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial del PJ, en abril de 1976. En tanto, el primer juicio oral contra uno de los represores que actuaron en el más terrible campo clandestino de detención de la dictadura, el que funcionó en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se quedó sin sentencia luego de que el ex prefecto Héctor Febres, encargado del secuestro de bebés, apareciera muerto por ingesta de cianuro en el destacamento del Tigre de esa fuerza. (NA)