E

n el comunicado difundido, que se presenta como “aportes al Senado por docentes de educación estatal” y lo firma la profesora Ana María Silvano, consideran que “hay una gran desigualdad entre los docentes de todos los niveles y modalidades de escuelas de gestión estatal respecto a los docentes de gestión privada”. Según denuncian la nueva Ley de Educación, en el inciso “e” de su artículo 97, permite a las escuelas públicas de gestión privada “nombrar a todo su personal (directivos, docentes, administrativos y auxiliares). Esto significa que entran ´a dedo´ y no por concursos y evaluados por el Honorable Jurado de Concursos del Consejo General de Educación (CGE). Los docentes de escuelas públicas de gestión privada están excluidos de ingresar y ascender en la carrera docente mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad y el respeto por las incumbencias profesionales conforme a la legislación o a dictarse”. Por ese motivo piden “una igualdad de derechos y garantías en toda la provincia, sean de una u otra gestión”, y afirman que “cuando el Jurado de Concursos del CGE evalúa para ingresar en las escuelas públicas de gestión estatal reconoce todos los servicios, conceptos y antigüedad en todos los niveles y de todas las gestiones y, en Nivel Superior, en la asignatura que se haya desempeñado en gestión privada, aun sabiendo que no ingresó por concurso. O sea, que quien ingresó ´a dedo´ tiene claras ventajas en su puntaje u orden de mérito respecto a los docentes que sólo pueden acceder por concurso en escuelas públicas”. Asimismo, señalan que estas situaciones generan serias consecuencias, entre ellas: “un estado de injusticia social y de clara discriminación, por el que hay docentes de primera y docentes de segunda, tanto en su salario como en el ingreso y desempeño de su carrera”; docentes con tanta carga de trabajo que provocan que sean los que posean más antigüedad y por ende más puntaje al momento de concursar; que estos docentes agoten las licencias en escuelas públicas de gestión estatal para poder cumplir en las de gestión privada, garantizando la calidad educativa en éstas en desmedro de las estatales dado que es extremadamente difícil brindar una educación de calidad con tanto trabajo; que no se no deje lugar a que otros docentes ingresen y puedan hacerse en su carrera; que al abonar tantos cargos u horas licenciadas y con docentes con tanta antigüedad esto significa una mayor derogación para el Estado”. “El más perjudicado es el alumno” Según manifiestan, los alumnos son los principales afectados por estas disposiciones, porque de esta manera no se puede controlar desde el Estado si hay docentes con superposición horaria entre escuelas de distinta gestión “ya que los privados están exentos de declarar su carga horaria fuera de lo estatal público” y tampoco “hay control desde el Estado de los títulos y requisitos de los docentes privados, o sea, la idoneidad que tanto requieren en escuelas públicas estatales”.