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n Santa Fe colocará en 2009 cerca de 5.000 medidores, en una estrategia hacia la universalización de la medición. En Paraná, una propuesta pionera del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias hace una década sigue siendo desatendida. De no instrumentarse cambios para el cuidado del vital recurso frente al incremento de derroches y excesos, la incorporación de la nueva planta potabilizadora no será una solución para las futuras generaciones. Mientras Santa Fe avanza con políticas que fomentan la conciencia pública y el uso racional del agua potable para generar ahorros, en Paraná, con responsabilidades compartidas en los últimos años entre usuarios y Municipalidad, no se adoptan acciones para frenar gastos suntuosos, en épocas en que las reservas –dinerarias o de sus recursos naturales- constituyen la base de riqueza de un pueblo. La instalación de medidores “es el sistema más justo” para evitar el derroche de agua, ya que el consumidor paga por lo que gasta, y en función de ello, asume conductas para medir su uso y hasta solucionar sus desperfectos en el hogar. Esta metodología es pregonada por el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos desde hace una década, en sintonía con una realidad mundial que vela por el uso racional del agua dulce, un recurso cada vez más escaso. Por la indiferencia de las autoridades estatales durante los últimos años, no se cumplo con el Plan Director o ni siquiera se exigió el cumplimiento de la normativa vigente que desde hace años, fijó que a partir de cada nueva construcción, se instale un medidor. “Sólo mayor producción de agua no soluciona el problema. Así, en pocos años se elevará aún más el gasto diario por persona y se acentuará el derroche, ya que está comprobado que conforme pasan los años, los consumidores se habitúan al desperdicio y son cada vez más indiferentes a cuidar el recurso”, plantea el gremio que conduce Rubén Palacio. En la actualidad, el frentista de la capital provincial abona por el servicio una suma fija, dispuesta arbitrariamente en la ordenanza tributaria. Hay cerca de 80.000 partidas de Tasa por Servicios Sanitarios, pero sólo el 12 % tiene servicio medido –industrias, clubes, lavaderos y hoteles-. En este camino, sin cobrar lo que efectivamente consume, es díficil que el frentista comprenda que el agua potable debe tener un uso racional, como ocurre con los servicios de energía eléctrica, gas o teléfono. Y fijar prohibiciones o restricciones por decreto sólo son medidas complementarias, ya que requieren una tarea de contralor de difícil concreción: es imposible un inspector en cada esquina o frente de una casa, las 24 horas, los 365 días del año. En el último informe elaborado por el gremio sanitarista se revela que la producción anual total de agua potable en la ciudad llega a casi 35.000.000 de metros cúbicos tan solo con la planta potabilizadora de calle Ramírez y pozos semisurgentes dispuestos en distintos puntos de la ciudad. No se incluye en este informe la producción de la nueva planta de calle Echeverría. Se estima que entre derroche y uso irracional del suministro, se pierde más de 40%. Así, si la producción de un metro cúbico tiene un costo de 1,10 pesos, el Estado municipal malgasta casi 14 millones de pesos. Convicción El sindicato sanitarista local destacó “la convicción” de las autoridades santafesinas, avalada por la realidad existente en la sureña localidad de Capitán Bermúdez. Allí, con medición casi completa, el consumo diario por persona está en el orden de los 180 litros de agua. A cambio, en Paraná cada vecino utiliza mas de 400 litros diarios para sus necesidades diarias, el doble de lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud. Propuesta Frente a esta situación de excesos, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de Entre Ríos elaboró un plan estratégico, con el propósito que de modo progresivo, los usuarios residenciales se incorporen al servicio medido. Aporta dos propuestas de financiamiento inicial para la adquisición de aparatos: inversión pública o cobro de un aporte ínfimo (dos pesos mensuales) en cada partida. A partir de la instalación de los medidores, se generará un paulatino ahorro de producción de agua y de fondos públicos para la potabilización. Cada medidor tiene un valor actual de 250 pesos más IVA. Ante la proximidad de la habilitación plena de la nueva planta potabilizadora y de sus centros de distribución, junto con la reconversión jurídica de Obras Sanitarias en ente autárquico, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias planteó como una necesidad y obligación que en el postergado diseño del Plan Director del servicio, se trace un plan trienal o quinquenal de instalación paulatina de medidores. “Con el mismo personal de Obras Sanitarias se pueden colocar los medidores de agua, ya que existe un grupo de expertos que fueron incorporados a la planta de personal hace tiempo para realizar la colocación de los medidores existentes”, y apunta el informe que “el plan deberá comenzar en las zonas denominadas bajas, ya que ello beneficiará a los sectores altos, que sufren problemas de servicio por baja de presión”.