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espués de cuatro meses de denunciada la presunta liquidación irregular de unos 50.000 pesos en los haberes de junio a empleados del Consejo General de Educación (CGE), el juez de Instrucción suplente, Gerardo Román Sainte-Marie, inició la etapa preliminar. Ayer a la mañana los empleados se presentaron en el Juzgado de la capital entrerriana para proponer a sus abogados defensores. Si bien los imputados, que pertenecen al área Salario Familiar del CGE, fueron quienes advirtieron la maniobra en perjuicio del Estado provincial, recién podrán acceder al expediente cuando sean indagados. Esta medida se llevaría adelante la semana próxima, puesto que comenzarían las citaciones para que declaren. A la causa penal que instruye Sainte-Marie, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como secretario, pero por Acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se la asignado el rol de magistrado suplente en el juzgado interviniente, se le suma la instrucción sumaria que lleva adelante el CGE. La investigación penal tratará de determinar cuál de los empleados fue el autor de la maniobra que benefició a unas 30 personas, entre trabajadores y personal de servicio del CGE. Según la denuncia realizada por los Empleados del área Salario Familiar del Consejo General de Educación (CGE) ante las autoridades, la presunta liquidación irregular se detectó con el pago de los haberes de junio, pero podría haber comenzado mucho tiempo antes. La maniobra fue detectada por los trabajadores del sector a raíz de un reclamo de otro empleado del CGE, que cobró 2.600 pesos extra en carácter de retroactivo salarial familiar por menores a cargo. De este modo, los trabajadores comenzaron a investigar y detectaron que, aparentemente, un compañero cargó retroactivos indebidos a personal de servicio del CGE. Al parecer, la maniobra se realizó desde distintas computadoras y con la clave de acceso de los trabajadores del área que están hoy imputados. Al indagar sobre el tema, los empleados encontraron que unas 30 personas estaban cobrando unos 2.600 pesos de más, ya sea por asignaciones familiares u otro ítem. Pese a la reserva con que se manejan las fuentes, trascendió que algunos sospechosos sabían que el cobro del dinero extra era ilegal, puesto que había personas que cobran por hijos a cargo y ni siquiera son padres. Por otra parte, los empleados del CGE remarcaron la sorpresa por la demora en la actuaciones de las autoridades de Educación de la Provincia para conocer quiénes fueron las personas que cobraron el dinero que no les correspondía. Además, se espera que con el sumario y la investigación penal se logre establecer si con anterioridad a junio hubo otros pagos indebidos.