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on un cambio en el orden del día, el pleno aprobó el dictamen de mayoría por el que quienes hayan participado en gobiernos de facto no podrán ejercer funciones públicas. El debate enfrentó al bloque mayoritario entre cuyos integrantes coincidieron Rosario Romero, Raúl Barrandeguy y Julio Federik en defensa de la nueva redacción y para desestimarla Zulema Schoenfeld no ahorró palabras como la Coalición, la UCR y VER lo rechazaron. Romero dijo que "algunos haciéndonos cargo de un tiempo reciente pusimos en duda un tiempo verbal. Esta claro que si hablamos de delitos de lesa humanidad en este tipo d delitos, hay principios del derecho penal que ceden" y agregó: "Nos hacemos cargo de la historia reciente y de todo el dolor" aseguró al tiempo que advirtió que el Estado no puede hacerse el distraído respecto del compromiso con el sistema democrático". Luego, dijo que "es una norma que recepta la memoria reciente" y propuso que “la norma se revise sobre el final agregando una cláusula de compromiso democrático no sin antes mencionar las posiciones críticas que muchos mantuvieron contra leyes como el punto final, obediencia debida, y los indultos. Este capítulo de la historia sólo salda con memoria, verdad y justicia, pero también nos hacemos cargo de que no podemos aplicar leyes penales con retroactividad” A su término, Zulema Schoenfeld (FJpV) se distanció de "esa posición arrime" dijo categórica para asegurar que el texto le causó "sorpresa" porque “fue modificado sustancialmente respecto del ya sancionado por unanimidad" el 30 de julio. "Ni olvido ni perdón. Verdad y Justicia" reclamó Schoenfeld, ya visiblemente enojada, que objetó además que se había quitado del texto el término democrático. Celeste Pérez (FJpV) utilizó versos de Pablo Neruda para reclamar que quienes ejerzan cargos sean producto de la democracia mientras que Juan Carlos Cresto extremó la posición pidiendo que sean excluidos de toda actividad democrática y relató al pleno experiencias familiares como el atentado a su padre y algunas personales no sin responsabilizar a la sociedad por su omisión ante la dictadura militar. Augusto Alasino (VER) buscó sintetizar su posición y trajo al recinto las leyes de punto final y obediencia debida y pidió "la misma vara para todos". También habló de la Corte Suprema asegurando que “la del peronismo nunca tuvo un (Eugenio) Zafaronni que fue juez de Onganía y de Videla" y opinó que "no se puede tener piedad con los colaboradores del golpe del 74". Y, remató:"Con ellos hay que ser impío. Si queremos que no sean cerremos la puerta" ofertó Alasino al tiempo que formuló un agregado al texto. Cuando habían pasado cinco horas de sesión, Fabián Rogel (UCR) quien invirtió el análisis del texto aclarando que no condena sino que defiende la democracia y aseguró que el debate jurídico de la Constituyente es aquel que no tuvieron varios desaparecidos y admitió que es imposible caminar por los pasos de las particularidades aunque como Cresto dijo que la sociedad no estuvo atenta e insistió con la propuesta en minoría. Julio Federik (FJpV) dijo que el artículo tercero establece una inhabilitación especial y aseguró que “si no se modificaba nos volteaban el texto en Tribunales”. Aseguró que “no pueden aplicar leyes retroactivas” y que tienen "ganas de sancionar a todos los colaboradores de la dictadura pero que lo importante es que la norma sirva". Y explicó: "Si no hay una prohibición expresa previa no sirve" y como Rogel invirtió la carga del texto "no le decimos a los ciudadanos, sino al Estado" y en otro tramo se ocupó de contestarle a Schoenfeld: "No tenemos nada que tapar, queremos que se conozca más" pero "sería gravísimo que nos la declararan inconstitucional" y dijo que el tema debe plantearse "al revés" para que el Estado aplique la prohibición. Finalmente y antes de la votación, hubo un cuarto intermedio para ajustar la redacción tras el cual José Ángel Allende replicó al pleno el modo en que se había tratado el tema y se retiró del recinto. La UCR y el PS votaron negativamente, y en el último caso, con quejas por el procedimiento. En la votación el texto quedo sancionado por 24 a 16 votos y cinco ausencias El dictamen "La Constitución Nacional y ésta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro medio distinto de los que ellas disponen. Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema republicano es insanablemente nulo. Es condición de idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno no haber desempeñado a partir de l 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en regímenes de facto. Los delitos que se hayan cometido en el ejercicio de la función usurpada no podrán ser objeto de indulto o conmutación de pena. Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología, serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública. Queda prohibida la institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político. Los habitantes de la provincia tienen el derecho de resistencia legítima contra quienes ejecutaren los actos de fuerza aquí enunciados." Sobre los Registros Con empleados de los Registros de la Propiedad y Civil los convencionales acordaron reunirse nuevamente en comisión para tratar su pase a la Justicia, tal como se había definido en la sesión del lunes. Para llegar a esta decisión Miguel Augusto Carlín (FJpV) explicó ante el pleno que la reunión que estuvo convocada para el jueves no contó con el quórum necesario para trabajar la propuesta por la que pujan los trabajadores.