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esde la redacción de INFORME DIGITAL El despacho que desató un debate fue el derecho al alimento y renta básica. El radical Fabián Rogel propuso concretamente acotar el texto previendo la “operatividad progresiva” pero eliminando la oración que alude al “equilibrio fiscal”. “Podrá resultar saludable las previsiones del artículo 81 inciso 8. Este resguardo parece lógico para no establecer una Constitución que sólo consagre derechos sin atender a la situación económica”, afirmó el dirigente que, sin embargo, afirmó que la idea de “equilibrio fiscal” no puede ser tenido en cuenta “como elemento jurídico ante un amparo ante la lesión de un derecho”. Rogel recordó el rechazo de la bancada radical al texto, al momento en que fue puesto en consideración en la sesión del 13 de agosto. De igual modo se expresó la Coalición Cívica –Partido Socialista que ayer insistió con su rechazo en la palabra de los convencionales Américo Schvartzman y Marcela Haiek. Schvartzman insistió en la idea que la referencia al “equilibrio fiscal” no debe figurar en la Constitución. “No nos parece razonable y mucho menos para condicionar los nuevos derechos”, señaló. Haiek, por su parte, llamó a “la reflexión” y cuestionó que se defina al equilibrio de las cuentas públicas como “derecho colectivo”. “Es un error jurídico y ético que se contradice con el concepto de Derechos Humanos que se ha adoptado en esta Convención con mucha responsabilidad”, fustigó. Busti al cruce El presidente de la Convención, Jorge Busti, señaló: “no puedo admitir que se diga que estamos violando los derechos humanos”. El ex gobernador argumentó que “la peor violación de los derechos humanos en una provincia, en un Estado, es cuando se actúa irresponsablemente, se endeuda el Estado en gastos corrientes, en gastos comunes o se toma endeudamiento para gastos corrientes o comunes, y no hay equilibrio fiscal”. “Indudablemente ahí si se actúa irresponsablemente, no se pagan los sueldos, las jubilaciones, y se perjudica a toda la sociedad”, continuó Busti. Asimismo, se refirió a “lo estrictamente jurídico y a la expresión de anhelo de que el Estado no se olvide del equilibrio fiscal, la base para la realización de todas las cosas”. Hizo hincapié en los gastos fijos que tiene el Estado provincial, “desde hace tres o cuatro años en Entre Ríos se mantiene el 52- 53% de la renta general para la masa salarial”, y acotó que “hemos aprobado en la Reforma Constitucional un 28% para la educación, hemos consagrado un 1% para la cultura, y donde vamos a pasar a partir del 2010 del 15 al 16% para la coparticipación nacional y el 18% para la coparticipación provincial”. “Hay que ser extremadamente responsable para mantener el equilibrio fiscal, porque sino ahí si vamos a violar todos los derechos humanos”, aseguró el titular de la Constituyente. “La base fundamental va a ser la cuenta del almacenero de los recursos, y no es de la década del ’90 liberal, neoliberal, sino que ya lo decía Perón en el ’46, administrar de una manera donde el superhábit fiscal sea una cuestión fundamental a mantener durante todos los años”. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia finalizó diciendo que “he reflexionado mucho sobre este tema, esto es de una buena administración, se hace en China, en Rusia, en la India, en cualquier lugar del mundo con cualquier ideología que signifique manejar bien los recursos del Estado”. La sesión Los convencionales sancionaron el despacho de la comisión de Poderes y Régimen Electoral por el que se obliga, en el plazo de un año, el tratamiento de los proyectos legislativos. Al fundarlo en el recinto, Miguel Carlín (FJpV) explicó que la intención de la propuesta es "que los proyectos que se presentan en la Cámara no mueran sino que tengan el trámite que corresponda" y aclaró que "no se estima en el texto sobre la aprobación o rechazo, sino y solamente "su tratamiento en la cámara de origen y no en la revisora, ya que no llegaría a esta en caso de ser rechazado por la de origen". El texto quedó sancionado por unanimidad. Esta redacción se agregará al artículo 82 de la Constitución. De Redacción quedaron sancionados en segundo giro, dieciséis despachos referidos al derecho de asociarse libremente en partidos políticos, donde se planteó una disidencia por parte de Alasino promoviendo que otro tipo de agrupaciones y no exclusivamente los partidos políticos promuevan candidaturas, aunque en el recinto se ratificó el texto tal como se había sancionado. Y, también los despachos sobre los pueblos originarios, por el que reconoce su identidad y conservación de patrimonio y la propiedad inmediata de las tierras que tradicionalmente ocupan y el que establece el carácter precario de las designaciones de funcionarios y magistrados mientras que, con algunas modificaciones semánticas, quedaron sancionados definitivamente los textos sobre Contaduría y Tesorería General de la provincia. Entre los dictámenes que quedaron ratificados también estaban los que establecen los derechos de los adultos mayores, el de la mediación como también el que establece el trato igualitario y la tutela judicial efectiva como el derecho a la identidad personal y del mismo modo, el que garantiza la libertad de expresión y el respeto a las culturas. Y, a su vez, los despachos sobre los derechos de las personas con discapacidad y al alimento y a la renta básica. En este último hubo objeciones desde la UCR y la CC, a través de Rogel, Schvartzman y Haiek, quienes coincidieron al cuestionar el texto en la parte que ordena que el Estado adoptará las medidas necesarias para la operatividad progresiva de los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución y que define que el equilibrio fiscal constituye un deber del estado y un derecho colectivo de los entrerrianos. Busti se ocupó de responder las observaciones asegurando que de ningún modo se violan los derechos humanos o éticos. "La peor violación es cuando se actúa irresponsablemente y cuando se endeuda al Estado en gastos corrientes y comunes y no hay equilibrio fiscal". Desde la presidencia de la comisión de Redacción, Sigrid Kunath, recordó que “no se materializaron despachos en minoría tras lo cual el texto quedó ratificado luego de una votación nominal en la que el artículo segundo tuvo 29 votos contra 15 y una ausencia”. También se aprobó y quedará reservado, como el resto de los despachos, en la comisión hasta el ordenamiento final del nuevo texto constitucional, los despachos sobre cultura y patrimonio cultural, Régimen Económico y Trabajo, donde Daniel Zabala (CC) “objetó la redacción final del último artículo aunque Flavia Pasqualini (VER) y Nelio Calza (FJpV) respaldaron los cambios”. Esta discusión “animó a Kunath a refrescar a los convencionales que las redacciones que llegan al pleno tienen la colaboración y el debate previo en comisión y propuso el texto tal como se trajo al recinto”, aseguró una fuente. Quedó así, definitivamente aprobado del mismo modo que los referidos a monopolios y oligopolios, la confección de un diario de sesiones, que valió una consideración especial y un reconocimiento a que la iniciativa surgió del cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura, y el de ciencia y tecnología. Esta sesión trabajó con 42 convencionales y dejó para el orden del día de la próxima sesión los despachos sobre el orden constitucional y la defensa de la democracia, que determina que no podrán ser funcionarios electos o designados quines desde la función pública hayan actuado de manera dolosa, enriquecido ilícitamente, malversado fondos y bienes del Estado, participado en delitos de lesa humanidad e intervenido en gobiernos surgidos de actos sediciosos. La sesión concluyó con un minuto de silencio, a pedido de Cleste Pérez, por los caídos en la Revolución Libertadora mientras que Fabián Rogel se refirió a los docentes, cuyo Día, se festejó el pasado 11. El pleno volverá a sesionar el viernes, a partir de las 9.