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or iniciativa del oficialismo, se resolvió suprimir el efecto retroactivo del nuevo artículo y dejar una cláusula que rija sólo para el futuro. Eso era, justamente, lo que en el debate del 30 de julio había propuesto el convencional Marciano Martínez, que había sido el primer afectado por la reforma, por haber sido ministro de Bienestar Social y Educación de la intervención provincial que en Entre Ríos encabezó el brigadier Ricardo Favre durante los años de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ahora, el ex referente del MID y un siempre impreciso número de dirigentes entrerrianos que participaron de gobiernos de facto podrán postularse y ocupar cualquier cargo público. Eso, claro está, en el caso de que el artículo modificado por la comisión de Redacción sea aprobado por el pleno. A evitar que esto ocurra se abocará en estos días la Asociación de ex presos, presas y exilados políticos de Entre Ríos “La Solapa”, autora de uno de los proyectos sobre los que se basó la reforma. Consideraron que cuando “muchos de los genocidas están siendo condenados, pretender ocultar las responsabilidades de quienes colaboraron con los gobiernos de facto constituye una burla para quienes han sido las víctimas del terrorismo de estado”.