S

e llega por el Acceso Norte, tomando un camino que va hacia el río y que nace a la altura del Vivero municipal. Son varias cuadras de broza por una calle que atraviesa quintas y campos. Un poco antes de llegar al río está la tranquera por donde se ingresa al predio que fue expropiado por la Legislatura de la Provincia para allí levantar una estación transformadora de energía, que costará 54 millones de dólares y que -sostienen- será clave para el desarrollo industrial de esta zona de Entre Ríos. El campo en el medio del cual la empresa de energía proyecta plantar las columnas y los aparatos que transformarán la línea que pasa por ahí está a metros está la barranca que da al río y a las islas, y lo único que se oye es el sonido del viento. Pero nada es perfecto: contra la belleza del monte y el cielo, se recortan las torres de alta tensión, signo ominoso para los vecinos de lo que habrá de venir. El proyecto ha generado resistencia en el vecindario y en julio iniciaron una acción de amparo que no tuvo éxito en primera instancia por cuestiones formales. Insistieron ante el Superior Tribunal de Justicia y esperan que la Sala Penal y Constitucional se expida. Enersa ya anunció que la construcción empieza el año que viene y, el viernes, la Municipalidad de Paraná informó que ya ha extendido la habilitación para el emplazamiento. Ante las dudas de los vecinos -que reclaman “información” y temen que haya “derrame de hidrocarburos al río”, “ruido” y “contaminación por campos electromagnéticos”- las autoridades aseguran que no hay riesgo de daño al ambiente. “Si bien genera una interrupción con el bellísimo paisaje de la zona periurbana de la ciudad, no provocará otros impactos ambientales según los dictámenes que aportó Enersa (...) no afecta el ambiente”, fundamentó el secretario de Planificación municipal, Tomás Arias, cuando extendió la habilitación para la planta. Esto causó indignación a quienes se sienten afectados por el proyecto: “Arias no tiene que expedirse sobre el tema, sino el área Ambiente. Además, lo hace basado en la información que le da la propia empresa de energía, que obviamente no va a decir que contamina. Eso ameritaría un juicio contra el secretario de Planificación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No puede él decir que la planta no contamina”, aseveró Pablo Follonier, uno de los dueños del campo donde se hará la planta. “No sabemos si vivimos en una democracia o en un club de amigos: el secretario de Energía de la Provincia tiene la idea y la Municipalidad, en lugar de decir evaluemos esta idea, ante la presión autoriza todo. Esto no es un democracia, es una payasada: la Municipalidad, como órgano independiente de la Provincia, debería plantearse seriamente si quiere que 16 hectáreas de la ciudad con este contexto ecológico se conviertan en una planta transformadora o si no sería más adecuado otro lugar. La Municipalidad debió hacer la evaluación de impacto ambiental y no hizo nada”, acusó Follonier. “Tanto (el intendente José Carlos) Halle como Arias muestran una desconsideración total por los vecinos, por la ley, por el medio ambiente. Ha sido fatídico lo que ha hecho la Municipalidad”, dijo. EN LA JUSTICIA. En julio, los vecinos presentaron una acción de amparo pidiendo la nulidad de la ley de expropiación pero tuvo éxito. “Lo que dice el juez es que en el fondo no hay ninguna seguridad de que la planta se ponga acá, que no empezó el proceso expropiatorio administrativo ni empezó la ejecución de la obra. Para él, nos adelantamos a pedir el amparo. Pero poco después, salen publicadas declaraciones del secretario de Energía ante empresarios diciendo que las obras empiezan en enero y la Municipalidad autorizó que se haga acá la planta”, narró. “Nosotros apelamos y recusamos a uno de los miembros, Claudia Mizawak, porque es la pareja de (el secretario de Energía Raúl) Arroyo”, explicó el propietario del terreno. Y adelantó que si el STJ tampoco les dá la razón, “iremos a la Corte Suprema. La última jurisprudencia va en la dirección nuestra”. (El Diario)