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a medida de fuerza, que promete afectar sensiblemente la prestación de servicios en distintas áreas del Estado, es consecuencia de la falta de respuesta del Gobierno a los sucesivos planteos sindicales. UPCN, el gremio que lidera el diputado José Ángel Allende, lanzó además la promesa de que si antes de fin de mes no hay acercamiento con el Poder Ejecutivo, podría instalar una carpa frente a Casa de Gobierno. No obstante, desde el Gobierno señalaron que desde el inicio de la actual gestión hubo un aumento promedio del 25 % para el escalafón general, de casi el 30 % para el de enfermería y del 35 % para la carrera médico asistencial. La protesta más ruidosa se lleva adelante en el Registro Civil de la Provincia, donde UPCN pisa fuerte. Ayer, la escasísima atención al público —sólo se atienden casamientos ya programados, defunciones y nacimientos cuando se trate de bebes con graves problemas de salud— se vio mezclada con una olla popular que hicieron los trabajadores frente a la sede del organismo, en Deán J. Álvarez 31. El viernes último, los empleados dispusieron cumplir dos semanas de retención de servicios durante seis horas, que en la práctica se traduce en un paro total de actividades. Como reacción, el Gobierno ordenó a los jefes de las 80 oficinas del Registro Civil en Entre Ríos ponerse al frente de la atención al público. Aunque la medida no pudo sortear la fuerte adhesión que tuvo la medida de fuerza. José Cabral, delegado de UPCN, dijo que la retención de seis horas seguirá ésta y la próxima semana, y que a fin de mes volverán a las cuatro horas de protesta, entre las 9 y las 13. «Los jefes atendieron lo que pudieron, que fue muy poco. Sólo los trámites de urgencia, nada más». Cabral se quejó de la falta de atención del Gobierno al reclamo de los empleados. «Ni siquiera nos llamaron. Así que la lucha va a seguir, así como durante el montielismo tuvimos tres años y medio de medidas de fuerza, lo mismo vamos a hacer ahora», adelantó. «Trabajamos para que este Gobierno gane en las elecciones, pero hoy nos cierran las puertas, y encima nos reprimen», se quejó. Para hoy, está previsto que la inactividad sea total en el Estado, preservándose las guardias mínimas en los comedores escolares y en los hospitales. Ayer, ATE realizó un plenario de delegados de Paraná en el que se analizó el impacto de la huelga del jueves último, y se coincidió en que «fue contundente». «Como no hay oferta del Gobierno, el paro sigue, y se ratifican las medidas de fuerza ya resueltas», dijo Marcelo Ríos, vocero de la entidad sindical. A los dos días de inactividad que comienzan hoy los estatales, seguirá un paro de dos días la próxima semana, los días 23 y 24. Y concluir el mes con una huelga de 72 horas, entre el lunes 28 y el miércoles 30. ATE, al igual que UPCN, plantea la necesidad de un aumento salarial de emergencia de 300 pesos, que eleve el mínimo garantizado a 1.500 pesos, pero además planea la necesidad de ordenar las plantas funcionales en el Estado, y regularizar el pago de los salarios a unos 2.000 trabajadores incorporados bajo la modalidad de contrato de obra que desde noviembre aguardan la liquidación de sus haberes. «Son compañeros que están trabajando bajo una modalidad de contratos basura, que hace que el compañero sea prisionero de esa situación, y por eso mismo no le permite reclamar por su situación laboral», dijo Ríos. (El Diario)