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cho empresas de seguridad privada trabajan en la provincia sin estar habilitadas, según los registros de la División Leyes y Contravenciones de la Policía de Entre Ríos. Tales firmas aguardan, prestando servicio, ser sancionadas por los órganos de control del Estado provincial encargados de llevar adelante los expedientes. Los pasos administrativos previo a las sanciones son extensos y lentos. Sin embargo, cuando se culmina esta etapa se inicia una más extensa: la vía judicial. Allí, un expediente puede demorar varios meses hasta que se resuelve, mientras tanto la firma continúa trabajando. Hay casos donde los dueños de las empresas inician los trámites de habilitación, mientras que en otros deciden seguir trabajando en forma irregular hasta que las sedes son clausuradas. Los controles policiales son estrictos, a tal punto que se labran cuatro expedientes por día por irregularidades consideradas leves. Las multas más comunes son por vencimiento de las credenciales de los vigiladores, que deben ser renovadas cada 12 meses. Tal sanción tiene un costo de entre 500 a 1.500 pesos. Otra multa frecuente es el ocultamiento de los objetivos, o sea, no declarar dónde tienen de guardia a los vigiladores. Por caso, el domingo, la Policía constató que la empresa de vigilancia que contrató el club Toritos de Chiclana de Paraná para el torneo internacional no está habilitada para trabajar en la provincia. Por tal motivo, se inició un expediente contravencional por infracción al Decreto provincial Nº 29/40 de 2001, que regula el funcionamiento de las empresas de seguridad. Desde la Policía de Entre Ríos se notificó que se envió un comunicado al Club Toritos de Chiclanas de Paraná por las irregularidades. Los problemas más usuales que enfrenta la Policía al momento de investigar a una empresa de seguridad privada luego de ser sancionada son dos: establecer qué servicio real prestan y ubicar a sus dueños. “Es difícil constatar qué servicio prestan, ya que hay algunas empresas que ocultan su verdadera actividad”, se indicó desde Leyes y Contravenciones. En ese orden aclararon: “Hay patovicas en algunos boliches que pertenecen a una empresa de seguridad, pero dicen ser barman”, y agregaron: “Iniciamos una etapa de recolección de pruebas que lleva su tiempo, ya que hay que conseguir la mayor cantidad de pruebas para comprobar que son empresas de seguridad privada”. Desde la División se comentó, además, que hay empresas de Buenos Aires que están habilitadas para trabajar en su provincia y se instalan en Entre Ríos y son sancionadas. Asimismo se dijo que cuando vigiladores de otras provincias pasan por Entre Ríos con armas, se solicita la documentación y habilitación del Registro Nacional de Armas (Renar). Legalidad En la provincia hay 16 agencias registradas, en las que trabajan más de 2.000 vigiladores. Sólo tres tienen la habilitación del Registro Nacional de Armas (Renar) para que algunos de sus trabajadores puedan portar armas de fuego. Los resultados de las inspecciones que se hacen tanto en Paraná como en la provincia dan resultados positivos, según la Policía, ya que se detectan infracciones que son de rápida solución. “La legislación actual es muy benigna”, se indicó desde la Policía, ya que se explica que “en otras provincia son sancionados desde el empresario hasta las personas o comercios que contraten a las empresas que no están correctamente habilitadas”. Desde la Policía se indicó que una credencial para un vigilador cuesta 250 pesos. Entre los documentos que se solicitan están: certificado médico, psicológico y de antecedentes. La renovación de cédula es de 150 pesos por año. La norma que regula la actividad prohíbe la inclusión de personas de fuerzas de seguridad exonerados o con antecedentes penales o causas en trámite. Desde la Policía se indicó que en la actualidad las empreasas están cumpliendo con la legislación vigente para evitar sanciones que en su mayoría son económicas. Por otra parte, se aclaró que los vigiladores de las empresas de caudales, que usan armas cortas y largas, están regulados por una legislación completamente distinta a las empresas de vigilancia privada. “Hay otro tipo de control sobre las compañías de caudales”, se explicó.