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iteralmente, desde este lunes el Registro Civil cierra sus puertas, no atiende casi nada, a excepción de las urgencias, y las urgencias son defunciones, actas de nacimientos sólo en caso de que se trate de bebes con graves problemas de salud, y casamientos ya concertados. Pero nada más.
El reclamo de los trabajadores del organismo comenzó ayer a profundizarse, luego de una asamblea que tuvo lugar en las oficinas del Registro Civil de avenida Rivadavia, donde los bombos y las consignas y los volantes se confundían con los padrinos, y los vestidos recién estrenados, y el arroz volcado, y los novios que dieron el sí justo un día de reclamo gremial.
“Desde el lunes no se atiende a nadie, y se va a ver afectado todo el trabajo”, anticipó José Cabral, delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en el Registro Civil. De las cuatro horas de protesta que empezaron a cumplir el lunes 30 de junio, ahora el escenario se agrava, porque serán seis horas, es decir la jornada completa de trabajo.
La protesta será con asistencia a los lugares de trabajo, a excepción del miércoles 16 y el jueves 17, cuando habrá un paro total de actividades que convoca UPCN, y así se suma al plan de acción que lleva adelante el otro sindicato que agrupa a los empleados públicos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
UPCN, el gremio que lidera el diputado provincial justicialista José Ángel Allende, decidió ayer sumarse a la vanguardia, y dispuso, de manera inédita, realizar paros de actividades en coincidencia con ATE: el argumento, según explicó Teresa Figueroa, miembro de conducción de UPCN, es lograr que las medidas de fuerza “sean contundentes, porque parando un día nosotros, y otro día ATE, no conseguimos ningún efecto”.
La decisión se adoptó ayer durante un curioso plenario de dirigentes que se desarrolló en el patio central de Casa de Gobierno. Así, ambos gremios irán al paro miércoles y jueves próximo; volverán a la huelga el jueves 24 y el viernes 25 del actual; y concluirán el mes con un paro de 72 horas, entre el lunes 28 y el miércoles 30.
Recién entonces UPCN convocaría a un congreso provincial sindical para resolver cómo se sigue durante agosto, y eventualmente materializar la decisión de instalar una carpa en el Centro Cívico, tal como lo anunció Allende hace quince días.
Pero en el Registro Civil hay clima belicoso desde hace tiempo, y la escenografía que muestra la sede central del organismo, en Deán J. Álvarez 31, da cuenta de eso: hay carteles pegados en los vidrios de las puertas y de las ventanas que hablan de reclamos varios.
Cabral lo confirma. “Hace mucho tiempo que venimos reclamando una recomposición salarial para el Registro, pero no es lo único que pedimos, aunque lamentablemente el Gobierno no se resuelve a tomar en serio esto. En enero se comprometieron a darnos un paliativo, y no pasó nada”, recordó.
UPCN dice que hoy un empleado del Estado en Entre Ríos tiene un mínimo garantizado de 1.220 pesos, pero la pretensión es elevar esa cifra a 1.500 pesos, sólo para alcanzar la canasta que mide la línea de pobreza.
Aunque en el Registro Civil también tienen otras pretensiones. Y así se lo hicieron saber a los convencionales encargados de reformar la Constitución Provincial: a través de un proyecto que presentaron, pidieron la equiparación salarial con el Poder Judicial bajo el argumento de que cumplen tareas similares.
Teresa Figueroa, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de UPCN, mira más lejos, y pide un aumento parejo para toda la Administración, y dice: “Estamos esperando que el Gobierno se haga presente, que nos escuche. Si bien saben de las necesidades, no la resuelven. Si están tan alineados con el Gobierno nacional, que tan bien habla de un aumento de la recaudación de impuestos, pedimos que se reclame la parte que corresponde a la provincia, y la redistribuyan entre los trabajadores”. (El Diario)
