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l intendente José Carlos Halle presidió ayer una reunión de Gabinete para analizar los alcances del fallo judicial que declaró inconstitucional el artículo 3 de la Ordenanza Nº 8.748 referida al cambio de usos urbanos para el predio del Jockey Club. Para las autoridades, el gobierno de la ciudad “no coincide con el fallo” y luego de aclarar que “sólo dilata el debate sobre el espacio público a preservar”, añadieron que “no detiene ni el trámite de remate ni la presentación de inversores”. Así, corren los 90 días hábiles determinados por el juez de la causa para que durante ese lapso las partes (acreedores y Jockey) acuerden la cancelación de la quiebra antes de llegar al remate de las 22 históricas y estratégicas hectáreas urbanas. Al mismo tiempo, asambleístas en defensa de los espacios públicos insisten en rechazar la venta y comercialización, y reclaman al municipio y a la Provincia que adquieran el predio. El secretario Legal y Administrativo Alejandro Cánepa explicó que “al hacer caer el artículo 3, si bien no habla respecto del porcentaje del espacio público, el juez lo declara inconstitucional porque entiende que el Jockey no puede donar. Esto también repercute –lamentablemente para el municipio– en la parte que refiere a que el 50% de ese espacio, en una futura redeterminación de su uso, iba a quedar para uso público”, indicó el funcionario, quien resaltó que esto había sido defendido en la Comisión del Código Urbano, en el Concejo Deliberante. “Entendíamos que era la mejor forma de garantizarle a la ciudad un espacio preponderante para que sea utilizado por todos los vecinos”, reflexionó Cánepa. Según el funcionario, la Comuna no coincide con el fallo, entendiendo que “este tema de las donaciones en las nuevas urbanizaciones de los espacios de la ciudad es una obligación; cuando uno hace un loteo, un nuevo proyecto de urbanización, dona la calle, la esquina, la plaza y todo espacio público que deba preservarse en virtud de lo que establece el Código Urbano, porque las calles no son de un privado, sino de la Municipalidad”. Sin embargo, más allá de lamentar la implicancia para la preservación de los espacios públicos, el municipio no tiene injerencia sobre la decisión judicial. Por otra parte, y de acuerdo a lo indicado por el letrado, toda esta discusión “no impide la prosecución del trámite de quiebra ni tampoco la presentación del grupo inversor que presenta el Jockey para refuncionalizar el lugar y solucionar la situación de quiebra”, pero sí dilata la discusión respecto del espacio a preservar “para cuando, eventualmente la Municipalidad –en una segunda instancia y una vez solucionado el proceso de quiebra (cuando exista un nuevo propietario de ese bien)– deba intervenir en el proyecto de urbanización que se pretenda construir o desarrollar”. Un proyecto detenido La propuesta del grupo inversor Libertad se dilata, pese a la sanción de la requerida ordenanza. Tras su sanción y tal como relata el juez en su fallo, los interesados ahora exigen que la Municipalidad delimite, subdivida el suelo, haga la protección edilicia, amanzanamiento, y luego sí, establecer un precio. Así, los empresarios buscan normas a su estricta medida, mientras se abre un interrogante acerca de su verdadero propósito de urbanización. A la espera “La Municipalidad no es parte en este proceso de quiebra, sino que es un acreedor. Tampoco piensa en apelar o recurrir este fallo o resolución del juez”, planteó el funcionario del área Legal y Técnica. En es sentido, aportó que espera que esta resolución “no impida un feliz rescate de esta quiebra a los efectos de que el Jockey resuelva su situación y se le otorgue un nuevo uso a ese espacio para poder ser aprovechado por todos los vecinos de la ciudad”. Es que en caso de ir a remate, el predio podrá ser adquirido a un precio devaluado por cualquier interesado, con el perjuicio para el Jockey Club. El pasivo de la entidad es cercana a los 7 millones de pesos. (Fuente: UNO)