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a Justicia frenó por el momento la posibilidad de la venta del predio del Hipódromo Almafuerte, al declarar inconstitucional el artículo 3 de la Ordenanza Nº 8.748 recientemente sancionada por el Concejo Deliberante, que había autorizado cambio de usos urbanos en el sector. Según el fallo del juez Civil y Comercial Nº 8 Roberto Parajón, ese punto “vulnera el ordenamiento jurídico de la normativa concursal, soslayando que el contrato de donación importa un acto entre vivos, y fruto de la libre voluntad de una persona de transferir a otra, la propiedad de una cosa. Tampoco la disposición ha valorado que la fallida no puede contratar, al no tener capacidad de donar”. Específicamente, el artículo 3 de la ordenanza planteaba que “deberá el propietario donar a la Municipalidad gratuitamente y libre de gastos de escrituración para el donante, una superficie de terreno equivalente al 50% de la superficie total del inmueble con destino a reserva, dentro de la cual se computarán las áreas correspondientes a las vías públicas y a las que contengan los edificios declarados de Patrimonio Histórico Arquitéctónico”. Asimismo, la resolución dispone el rechazo a la pretensión formulada por el grupo inversor cordobés Libertad. En los considerando se menciona que el inversor Libertad SA y Jockey Club pidieron que se requiera al Departamento Ejecutivo Municipal que “trate y resuelva el proyecto de división y amanzanamiento del inmueble conforme el apartado 8 inciso 2º de la Ordenanza Nº 8.748. A mi juicio –planteó Parajón– no corresponde receptar favorablemente dicha pretensión toda vez que lo relativo a la delimitación, subdivisión del suelo, protección edilicia, amanzanamiento, etc, son facultades privativas de la Municipalidad con previo paso por la Comisión Asesora del Código Urbano, y no del magistrado, más aún en el caso en examen, lo que importaría exceder la habilitación otorgada al suscripto por la Sala Civil del STJ”. Los inversores habían notificado que “el precio de venta –pactado con el Jockey Club– será determinado en función de la superficie de la fracción que resulte del proyecto de amanzanamiento aprobado por la autoridad municipal con aptitud para uso comercial. Por último, el juez dispuso requerir al Consejo de Tasaciones de la Provincia de Entre Ríos y al Departamento de tasaciones del Banco de la Nación Argentina, la confección de una tasación actualizada del predio. Por un sector recreativo público La norma había sido aprobada en el Concejo por los bloques justicialista, radical y de la bancada uniperonal solanista de Martín Uranga. Sólo fue rechazada por el edil de la Concertación Entrerriana Emanuel Martínez Garbino, quien ayer celebró que el fallo “permite ganar tiempo para defender un espacio estratégico”. En diálogo con Diario Uno reclamó a las autoridades municipales y provinciales “que no pueden seguir desentendiéndose de la situación que afecta a un terreno irrepetible e irrecuperable en términos ambientales, económicos, históricos, urbanos” si se comercializara. En ese marco, sostuvo que el Estado debe intervenir en la deuda con los empleados “que es la más angustiosa”, por 1 millón de pesos. El resto, casi 6 millones de pesos, son acreencias con los estados municipal y provincial. “Como acreedores pueden hacer una oferta para mantenerlo como espacio recreativo y deportivo”, planteó.