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a demanda se entablaría porque el funcionario no habría enviado el informe del impacto ambiental de la empresa Ketsal SA, que adquirió el ex ingenio azucarero y, donde pretende poner en marcha una fábrica de biocombustibles. Vencido el plazo sobre las evaluaciones de impacto ambiental sobre el ex ingenio azucarero de Victoria, que tenía que entregar la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia, vecinos y distintas organizaciones sociales de Victoria iniciarían acciones judiciales. La demanda recaería sobre el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Fernando Raffo, por haber incumplido con el envío del estudio de impacto que debía presentar a empresa Ketsal SA, que compró el predio de 2 hectáreas, donde funcionó, con una sola molienda de remolacha, el ingenio azucarero de Victoria. “Ante la falta de respuesta por parte del ingeniero Raffo, se iniciará las medidas judiciales correspondientes”, dijo la arquitecta María Elena Coniglio, quien junto a Fernanda Sanzberro, oficiaron de voceras de los vecinos y ONG que reclaman que ese predio no sea utilizado para la instalación de una planta. Coniglio y Sanzberro explicaron, que “las normas que se mencionan en el pedido de informe de las evaluaciones son muy estrictas y específicas, en cuanto al cumplimiento de cualquier organismo del Estado, para proveer toda la información necesaria sobre aquello que afecte o pueda afectar en un futuro al medio ambiente de la población. Ante la falta de respuesta por parte de Raffo, se procederá a iniciarse las medidas judiciales correspondientes”. El problema se originó en agosto de 2007 cuando se modificó la ordenanza municipal Nº 2.601, Anexo1 Art.34, que se refería al uso del suelo en donde se encuentra el edificio del ex ingenio azucarero, determinando que será destinado exclusivamente al uso “recreativo, turístico y residencial”. Según Sanzberro, “en esta acción de compra y venta, se cumplieron irregularidades tanto por parte del Gobierno de Entre Ríos, que no averiguó cuáles eran las leyes vigentes en el municipio, y también, hubo un incumplimiento de sus obligaciones como funcionario público del intendente de la ciudad de Victoria, Cesar Garcilazo, por no haber informado como corresponde, institucionalmente, al Gobierno de Entre Ríos estas normativas vigentes”. “Esta transacción fue dudosa desde la primera instancia. Nosotros, nos enteramos de la venta directa del predio a esta empresa el 8 de diciembre, cuando el cambio de autoridades del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, sería el 10 de diciembre”. “El otorgamiento se hace por venta directa, luego del llamado a dos licitaciones que quedaron desiertas, el precio por el cual se vendió el predio es irrisorio. Lo único que se sabe de la Empresa Ketsal SA, es que su gestación u origen data de poco tiempo y se pone en tela de juicio la solvencia”, contó la vecina. También se explicó que “la Ley de Biocombustibles otorga beneficios cuantiosos y que va a significar un enriquecimiento a corto plazo para aquellas empresas dedicas a esta industria”. Los vecinos entienden que las autoridades “hacen oídos sordos a un reclamo puntual de los ciudadanos de Victoria, tenemos fundamentos válidos, y necesitamos una respuesta coherente, que se corresponda con las leyes vigentes”.