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a Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió abrir un compás de espera en la aplicación de medidas de fuerza en la Administración Pública, al aguardo de los resultados de la reunión que hoy mantendrá con el Gobierno. De todos modos, hay cierto pesimismo entre la dirigencia respecto de lo que pueda suceder hoy, y por eso facultaron al consejo directivo provincial, que reúne al plenario de secretarios generales, a fijar un plan de lucha este viernes si no hay repuesta a las demandas. Ese plan de lucha, con vigencia para el mes de mayo, dijo ayer José Galarraga, secretario adjunto de ATE, «no podrá ser de menor importancia al que aplicamos durante abril». Durante este mes, el sindicato cumplió tres días de huelga —el 11, el 16 y el 24— en demanda de una recomposición salarial que alcance el costo de una canasta básica que, según la entidad gremial, supera los 3.800 pesos, una cifra que está muy lejos de los 1.180 pesos de piso salarial que fijó el Gobierno. Si bien ayer hubo un congreso ordinario, que institucionalmente se convoca en el mes de abril de todos los años, el tema que sobrevoló las deliberaciones se centró durante el plenario extraordinario fue el salario. Miguel Pelandino, secretario general de ATE, dijo no desconocer la situación económica de la provincia, a la que ubicó «en una etapa difícil, somos concientes de la realidad, sabemos que la provincia necesita recuperar lo que es coparticipación”, pero de igual modo demandó una discusión salarial. “El ministro de Economía (Diego Valiero) nos hizo saber las dificultades que tenía con la reforma del esquema tributario y la necesidad de mejorar la recaudación para mejorar salarios, algo que veníamos reclamando”. La alusión tiene que ver con el proyecto de ley con media sanción de Diputados que aguarda aprobación del Senado y que elevaría la base de tributación del Impuesto Inmobiliario Rural. Hasta ahora, los tres paros convocados por ATE han tenido un alto nivel de acatamiento, un detalle que el sindicato ha puesto de manifiesto tras cada medida de fuerza. Aunque hay un menú de demandas insatisfechas —planteadas por el gremio en un petitorio que elevó al Gobierno el 25 de marzo último— el tema central tiene que ver con el ingreso del empleado estatal. Pero de todos modos, los sondeos de ATE dan cuenta que la canasta familiar está por encima de los 3.800 pesos, el objetivo de máxima del gremio. En ese marco, aseguran, y frente a un salario mínimo de 1.180 pesos, “un trabajador sólo puede gastar 38,06 pesos por día”, con lo cual, si tiene esposa e hijos, “le faltarán 92,54 pesos por día para satisfacer las necesidades de su familia”. De modo que para alcanzar aquella canasta de 3.800 pesos, “le faltarán 2.620 pesos”, por cuanto al día necesita 122,60 pesos para poder vivir “dignamente”. Apuro docente para mayo Los docentes le plantearon formalmente al Gobierno que adelante el pago del aumento previsto para julio para el mes de junio debido a que los aumentos producidos en los productos que componen la canasta familiar absorbieron ya la recomposición otorgada en marzo último. En febrero último, el Gobierno consiguió que los docentes aceptaran la oferta que les formuló, y que supuso elevar el mínimo de bolsillo a 1.290 pesos, y de esa forma se garantizó en marzo un normal inicio del ciclo lectivo. Además de fijar el piso salarial en 1.290 pesos, la administración del gobernador Sergio Urribarri elevó el salario básico de 480,65 pesos, en febrero, a 673,19 pesos en marzo, y según el esquema oficial, pasaría a 718,83 pesos en julio. El incremento de los básicos fue producto de la modificación del valor del punto índice que sirve para establecer la base de cálculo del salario docente: pasó de 0,49 a 0,59 pesos, aunque en el caso de un maestro de jornada completa, ese índice pasó de 0,60 a 0,71 pesos. También incluyó un adicional por puntos que integra un básico conformado lo que, por ejemplo, a un maestro le implica 170 puntos más. En julio, el valor del punto índice se iría a 0,63 pesos. Pero desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) le pidieron formalmente por nota al gobernador Urribarri que anticipe el pago de esa mejora, inicialmente prevista para julio. La inquietud ya había sido aprobada en el congreso provincial del sindicato, que tuvo lugar el 28 de febrero en Concepción del Uruguay y que votó la aceptación del aumento, aunque puso algunas condiciones, la principal, que el aumento previsto para julio se pague en mayo. Pero además, los congresales de Agmer votaron la moción para que el Poder Ejecutivo vuelva a negociar un aumento salarial no más allá del 15 de junio. Sergio Elizar, titular del gremio, sostuvo que para los docentes “mayo es mes de negociación, para resolver este tema. Pretendemos que con los salarios de mayo se liquide el aumento de julio”. (El Diario)