E

l Gobierno, a través de la Secretaría de Ambiente, pidió hoy a la Justicia la "inhibición de bienes de los dueños de los campos incendiados y solicitó embargo por 201 millones de pesos", se informó oficialmente. Así lo consignó la oficina de prensa de la secretaría a cargo de Romina Picolotti, que indicó que la solicitud recayó en el juzgado federal de primera instancia de Campana, a cargo de Federico Faggionatto Marquez. La presentación judicial la formalizó procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino. No se precisó en el informe oficial el número ni el nombre de los propietarios contra los que se pidieron las medidas de inhibición y embargos. Picolotti solicitó, además, en carácter de urgente se libren oficios a los respectivos Registros Generales de la Propiedad Inmueble de las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, a fin de que remitan informe de dominio y gravámenes de los inmuebles comprendidos en el área en la que se desarrollaron y actualmente se desarrollan las quemas. En función del daño ambiental de incidencia colectiva provocado por las quemas de pastizales en el área del Delta del Río Paraná, la secretaria de Ambiente pidió también la inhibición general de bienes “de las personas que resulten ser propietarios, poseedores o arrendatarios de los inmuebles en los que se establezca el inicio de las quemas”. “Los hechos denunciados y cuya investigación penal se ha instado oportunamente, han producido un grave daño ambiental de incidencia colectiva, pues afectan un bien colectivo, en este caso, el humedal conformado por el delta del Río Paraná, uno de los ecosistemas más importantes que tiene la Argentina, y el segundo en Sudamérica en cuanto a humedales. Con una extensión de 14 mil kilómetros cuadrados y 320 kilómetros de longitud, es una zona de una gran biodiversidad, con animales protegidos y en peligro de extinción”, indicó la secretaria. Esta presentación se agrega a la denuncia realizada el viernes por la Picolotti y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, contra los dueños de las tierras incendiadas. En la denuncia, ambos funcionarios pedían que se investigara a los posibles autores del delito de estrago culposo, un figura que se castiga con penas que van de un mes a cinco años de prisión. Para ello, presentaron ante la Justicia una nómina con nombres de esos propietarios, que no fue dada a conocer en forma oficial a la prensa. La lista se realizó superponiendo las plantillas catastrales sobre las imágenes satelitales que muestran la ubicación de los focos ígneos. Contiene un listado de 71 propietarios particulares, arrendatarios y empresas cuyos campos en el Delta del Paraná se están incendiando.