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l organismo anunció que convocará a las entidades de defensa del usuario, registradas o no, a que participen del debate, especialmente para representar a los consumidores urbanos. Los pedidos de aumento, que motivaron la convocatoria a la audiencia, persiguen un 20% para la tarifa residencial urbana; mientras que para la rural, que no tuvo incremento en la última readecuación del cuadro tarifario, se busca alrededor del 37%. En ambos casos se trata del promedio solicitado entre las diferentes categorías. Esto no implica directamente la aceptación de los valores propuestos, incluso los incrementos de años anteriores siempre fueron menores a los propuestos. La Resolución Nº 48/08 del EPRE fue la que dispuso la fecha, hora y lugar del debate. Especifica que se aplicará el reglamento de audiencia pública del organismo vigente desde 1996, que prevé que expongan en primer lugar quienes presentaron los pedidos de aumento; luego aquellos que se inscriban previamente para hacer oír sus argumentos y, finalmente, los que pidan la palabra en la sala sin estar anotados. “Vamos a hacer una convocatoria lo más amplia posible. Llamaremos a todas las entidades sin fines de lucro que se dediquen a la defensa del usuario, porque están muy pocas registradas y son filiales de las de Buenos Aries”, dijo el titular del EPRE, Francisco Taibi. “Pero también convocaremos a las que no estén registradas, sobre todo para defender al usuario residencial urbano, que es la más difícil abarcar; al contrario de las entidades del campo que tienen sus organizaciones propias”, detalló ante la consulta de UNO. También indicó que, aunque se presentarán muchas entidades para defender al usuario residencial, se seguirá usando el mecanismo de pedirle al Colegio de Abogados que “haga las veces de coordinador de la defensa de todas las voces”. El Colegio ya designó a cuatro profesionales para ejercer ese rol: Graciela Sosa, Héctor Vega, Miryam Navarro y Enélida Cabrera. “La virtud que tiene esta discusión es que no se produce en despachos oficiales, sino de cara a quien quiera escucharla, y nos obliga a que los argumentos que tomemos sean solamente los que se vuelquen en el ámbito de esa audiencia. Esto asegura un debate en un marco de absoluta transparencia”, sostuvo Taibi. Además aclaró que la audiencia en sí no es resolutiva, sino que la última palabra la tendrá luego el EPRE, que dictará una resolución inapelable. Los pedidos Como se informó en los últimos días, hubo tres pedidos de aumento entregados al ente regulador. En primer lugar, la empresa estatal Energía de Entre Ríos (Enersa) solicitó en promedio un 20%, aunque con la salvedad de que sea escalonado: el 10,5% a partir del 1º de mayo y el 9,5%, desde el 1º de julio. Por su parte, la Cooperativa Eléctrica de Concordia propuso un aumento de una sola vez del 21,64% como promedio entre las diferentes categorías (de acuerdo a la demanda y al tipo de usuario). Los pedidos de Enersa y de Concordia abarcan a los residenciales urbanos. La readecuación de la tarifa rural, en tanto, fue solicitada por la cooperativa El Supremo Entrerriano, de Gobernador Echagüe (Departamento Tala), por alrededor del 37%. Las cooperativas de este tipo que prestan servicios eminentemente en el campo no fueron modificadas en la última confección del cuadro tarifario. Tanto para usuarios rurales como urbanos, el cuadro tarifario que finalmente se defina será de vigencia en toda la provincia, independientemente de cuál sea la distribuidora que preste el servicio.