A
través de este proyecto, que se enmarca en el plan oficial de ahorro de energía, se faculta al Poder Ejecutivo a dictar las medidas necesarias para que las empresas puedan contar con “facilidades” -como liberación de gravámenes y tributos- para importar lámparas de bajo consumo o bien sus partes, insumos, componentes y el equipamiento para su producción. La iniciativa, que fue tomada de un proyecto de la organización ecologista Greenpeace y consensuada con las empresas fabricantes, establece, además, que el Gobierno podrá establecer “excepciones” por razones “técnicas, funcionales y operativas sobre productos que lo ameriten”. “Esta es una decisión de política ambiental y de complementariedad con este programa de uso racional y eficiente de la energía. La convocatoria que estamos haciendo en forma voluntaria para todos los argentinos va a tener imperio de ley a partir del 31 de diciembre de 2010”, señaló la Presidenta durante un acto en la Casa Rosada. La jefa de Estado reconoció, en este sentido, que la iniciativa no parte de “una idea original del Gobierno”, sino que surge de una campaña de Greenpeace para lograr la eliminación de bombitas que su administración consideró “viable, factible y conveniente”. “Nos parece muy positivo que el Gobierno adopte esta decisión ya que está en la misma dirección que nuestra campaña”, señaló la coordinadora de la Campaña Contra el Cambio Climático, Rosario Espina, quien sin embargo consideró que el fin de la comercialización “podría hacerse más rápido, a partir del 1 de enero de 2010”. De todos modos, la Presidenta confirmó que este plazo inicial fue postergado un año en una “articulación de intereses” con las industrias fabricantes, a fin de que “las reconversión de estas industrias pueda hacerse en tiempo y forma y no afectar las inversiones ni las fuentes de trabajo de miles de argentinos”.