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e trata de una resolución de la Sala II de la Cámara que confirmó una decisión que tomó el juez Sergio Torres de enviar a los acusados a cárceles comunes dependientes del Servicio Penitenciario Federal, luego de la muerte del prefecto Héctor Febres, quien habría sido asesinado con cianuro. "No se advierte que el traslado dispuesto (a cárceles comunes) implique un empeoramiento a las condiciones de detención de los procesados ni que conlleve un peligro para la integridad física y/o la salud de los mismos", dice el fallo. La discusión sobre el lugar de detención de los represores llegó a la Cámara luego de que defensores de los acusados dijeron que los traslados provocaban un "agravamiento ilegítimo" de su situación. Por esa razón solicitaron el reintegro al centro de Campo de Mayo, donde estaban alojados. La Cámara destacó que la Ley de Seguridad Interior 24.059 excluye a las Fuerzas Armadas entre los organismos que forman parte del sistema de seguridad interior. También resaltó que las leyes establecen que el personal de las cárceles y establecimientos de ejecución "debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, siendo el Servicio Penitenciario Federal la fuerza de seguridad destinada a la custodia y guarda de los procesados y a la ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad". Para la Cámara es el Servicio Penitenciario Federal al que le corresponde arbitrar las medidas de seguridad pertinentes a fin de preservar la integridad física de quienes se hallen alojados en sus dependencias, así como la atención médica por las afecciones que puedan padecer los detenidos. Sin embargo, la Cámara consideró que en ciertos casos, de acuerdo con el Cuerpo Médico Forense se puede proceder al traslado de los enfermos al nosocomio que el juez pueda indicar en cada situación a fin de un adecuado tratamiento. La Cámara le encomendó al juez Torres que "arbitre las medidas pertinentes a fin que se brinde a los encartados la medicación indicada, cumplimentándose las dietas establecidas y los estudios, evaluaciones y tratamientos psiquiatricos encomendados, para lo cual deberá requerir la colaboración que resulte necesaria en procura de realizar los traslados atinentes a ello". La resolución alcanzó a los represores de la ESMA, además de Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Jorge Rádice, Carlos Capdevilla, Antonio Pernías, Raúl Scheller, Adolfo Donda, Carlos Guillermo Suarez Mason (h), entre otros. (Fuente: Infobae)