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a Defensoría de Pobres y Menores presentó un recurso de apelación en la causa caratulada –“se cita el nombre de la denunciante– sobre ejecución de pena” puesto que ésta, interna de la Penal de Mujeres Nº 6 Concepción Arenal de Paraná, fue sancionada con 10 días de alojamiento en celda especial por un presunto acto de indisciplina, aunque la decisión de las autoridades del Penal estaría relacionada con un caso de discriminación por diversidad sexual, puesto que la rea mantendría una relación de pareja con otra interna. Desde el Juzgado de Ejecución de Penas se informó a UNO que la orden fue revocada, puesto que el acto de indisciplina no fue tal, aunque se realizó un “severo llamado de atención” a la interna. Sin embargo, desde aquel organismo se remitió el expediente a la oficina local del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para que eleve un informe para corroborar si se está o no frente a un acto de segregación por elección sexual. Dos versiones En los fundamentos de la revocatoria que elevó al Juzgado de Ejecución la defensora de Pobres y Menores, María Lucrecia Sabella, explicitó que en el caso “existen dos versiones encontradas”, de acuerdo a quien enrbole sus argumentos, si “la interna o el personal del penal”. Sabella advirtió que “para cumplir una orden justa y legítima, cual era la de trasladar a la interna al Pabellón Modelo se efectuaron otros cambios inentendibles, infundados y sin causa por lo menos que estén acreditados en estas actuaciones”, y señaló: “De dichos cambios, el que nos interesa es el de la restante interna a quien pretendían ingresar al Pabellón Nº 2 ‘visto que esta última ha manifestado ser pareja de la otra detenida en cuestión’”. A partir de allí, se le atribuyó a la interna la comisión de hechos que habrían transgredido las normas de conducta obligatorias de “los internos para posibilitar una ordenada convivencia” realizando peticiones y reclamos “incorrectamente”, además de “resistir activa y gravemente el cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por los funcionarios”, para finalmente acusarla de “retener, agredir, accionar o amenazar a funcionarios”. En su presentación, Sabella sostuvo que “ninguna prueba existe” de que la interna haya incurrido en alguna de las situaciones que se le endilgaron y aclara que “esto es así, obviamente sin perjuicio de los informes que en principio hacen los agentes, jefes de guardia y oficial de turno de la Unidad Penal”. En ese sentido, en las actas labradas a varias internas, éstas dejaron constancia coincidentemente de que “las demás le hicieron el aguante” a la mujer y no hubo ningún tipo de actos de indisciplina. Finalmente, Sabella concluyó que “más allá de la legitimidad de sacar a la compañera de la Modelo por ser pareja, no existe prueba en contra que fundamente tan elevada sanción”, añadiendo que “no resultaría ocioso también decir que evidentemente nos encontramos frente a un acto discriminatorio en razón del género y por ser pareja de mi defendida la interna excluida del sector Modelo”. Apoyo Cristina Ponce, delegada provincial del Inadi nacional expresó su “satisfacción por la pronta intervención de la Justicia en un caso como este, en el que por las características de la institución hubiese quedado invisibilizado detrás de los muros del penal”. La funcionaria explicó que “al Inadi llegó un expediente del Juzgado de Ejecución de Penas, que de oficio nos pidió un informe de opinión sobre un caso en el que se habría incurrido en un acto de discriminación por diversidad sexual”, agregando que “de la lectura del mismo desde el Inadi consideramos que el caso encuadra en una acto de discriminación por diversidad sexual”. En tal sentido, Ponce informó que mantuvo una comunicación telefónica con el juez que entiende en la causa y acordaron reunirse “en los próximos días para tratar el caso”. Finalmente, Ponce informó que el caso “está en conocimiento de las autoridades nacionales del Inadi”, y culminó destacando que “María Rachid, responsable nacional del Inadi en la temática diversidad sexual propuso viajar a Paraná para mantener reuniones de sensibilización en la temática con efectivos del Servicio Penitenciario y con miembros del Juzgado de Ejecución de Penas previa comunicación oficial a las autoridades de cada organismo”.