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sta semana debería cerrarse la discusión con la firma de un acuerdo prestacional que se extienda, por lo menos, durante un año, pero las partes no consiguen ponerse de acuerdo en dos puntos clave: el porcentaje de aumento del arancel, y el reclamo en torno al destino de unos 5 millones de pesos. “Yo creo que no vamos a estar en condiciones de firmar ningún acuerdo, sencillamente porque no hubo tiempo de trabajar en ese convenio”, se quejó ayer Miguel Barbará, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler). A mediados de octubre pasado, los sanatorios habían alertado respecto de un quiebre de las prestaciones, y el anuncio dio lugar a una serie de negociaciones, de las cuales tomó parte a principios de este año el Poder Ejecutivo provincial. A fines de enero, se pudo firmar un acta acuerdo que supuso la continuidad de las prestaciones hasta la firma de un nuevo acuerdo, con vigencia a partir del 1º de marzo, aunque ahora se abren serios interrogantes. Entonces, se acordó un aumento del 14 % en las prestaciones, lejos del 20 % que pedían las clínicas, y un poco más arriba del 12 % que ofrecía el Iosper. Vencida la prórroga, cabe la puesta en vigencia de un convenio definitivo, desde marzo próximo, pero las clínicas no están conformes con el porcentaje de aumento que pretende otorgarles el Iosper. La obra social plantea incrementos del 18 %, según admitió a EL DIARIO Silvio Moreyra, titular del organismo. Pero desde las clínicas aseguran que los aumentos son escalonados, y van del 15 al 17 %. “Pero ese porcentaje está lejos de lo que pedimos, que es mucho más. Estamos planteando un aumento del 25 %”, dijo Barbará. No sólo reclaman un aumento de los aranceles, sino que también plantean que el Iosper les “devuelva” las quitas que aplicó durante 2006 y 2007 sobre las facturaciones, y que entre los dos años suman alrededor de 5 millones de pesos. En la obra social aseguran que esos “débitos” estuvieron bien aplicados, por cuanto los sanatorios, aseguran, se “excedieron” en las prestaciones —no se atreven a hablar en forma pública de “sobrefacturación”— y se niegan a devolver sumas algunas. Pero en Acler insisten en recuperar ese dinero. En ese marco, Barbará mostró su pesimismo, y señaló: “Es inviable alcanzar un acuerdo a partir de marzo. No creo que se llegue, porque además para que entre en vigencia el nuevo convenio primero hay que hacer toda una preparación de las clínicas, y una capacitación a los auditores, porque habrá muchos cambios”. Esos débitos que son ahora eje de una discusión no cerrada son consecuencia de la mecánica de pago de prestaciones que contiene el convenio -que venció en octubre-, y que se prorrogó hasta fin de este mes. Ese acuerdo fija que cuando las clínicas presentan la facturación, la obra social les deposita el 50 % del monto total a los cinco días siguientes; el 25%, a los 30 días; y el resto, a los 45 días. Ese resto, dicen en Acler, jamás se cobró, y es debitado. (El Diario)