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l presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti, presentará un Proyecto de Ley para el pago de Recompensas a Testigos de delitos que aporten al proceso penal información relevante sobre ilícitos. El pago de la recompensa será procedente en los siguientes delitos: homicidio simple, homicidio calificado, ilícitos penales contra la integridad sexual, privación ilegal de la libertad calificada, imposición de torturas, sustracción de menores y secuestro extorsivo. El mencionado Proyecto de Ley prevé en su articulado la autorización al Ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos a pagar la recompensa hasta la suma de pesos cien mil ($ 100.000) con fondos del presupuesto funcional de ese organismo, a aquellas personas que, sin tener intervención criminal alguna en el delito y aporten al proceso penal, información relevante sobre el ilícito en curso de investigación y que los datos proporcionados por los testigos permitan la captura de los autores o partícipes, que contribuyan al esclarecimiento del hecho, al castigo de los responsables, a recuperar la libertad de la víctima que se encuentre privada de la misma, o al hallazgo del cadáver del sujeto pasivo de un delito contra la vida. El legislador provincial aseveró que “el aumento de la criminalidad es, indudablemente uno de los problemas más importantes de las complejas sociedades modernas y que es un fenómeno social que se repite tanto en las sociedades más avanzadas como en los países que aún están en vías de desarrollo”. “Una política de seguridad integral no demagógica debe prever la forma de solucionar o atemperar este malestar social, dijo Busti, al mismo tiempo, consideró que junto a estas técnicas de intervención propias de una estrategia global de control y disminución de los índices de criminalidad, deben tenerse en cuenta también el mejoramiento de la eficacia de la actuación del sistema de justicia, sin menoscabo de las garantías individuales. Entre otras razones, porque todas las encuestas de opinión ubican a la impunidad junto a la inseguridad como una de las mayores preocupaciones ciudadanas”. Subrayó. “La eficacia de la pena no radica en su intensidad sino en la certeza de su aplicación, dijo y agregó que el delincuente no se ve disuadido de lesionar un bien jurídico por la mayor cuantía de la reacción penal, pero sí por la posibilidad de ser aprehendido”. Al respecto expresó que “la impunidad genera, y esto es visible diariamente en nuestra provincia, una reacción social que dirige el dolor de las víctimas contra las instituciones penales, sin medir que en muchas ocasiones es sumamente complejo para éstas dilucidar quiénes fueron los autores y partícipes del hecho criminal”. El titular de la Cámara Baja estimó que “Frente a este cuadro de situación, la presente ley tiene por objeto compensar de alguna manera el riesgo que debe asumir el ciudadano, como así también las inquietudes y molestias que produce la carga de concurrir a prestar declaración frente a un Tribunal de Justicia”. Finalmente, Busti señaló su convencimiento que como legislador se deben generar instrumentos que “eviten la frustración de uno de los fines del derecho penal, como lo es ejercitar la confianza de la población en el sistema de justicia como forma de resolver los conflictos sociales. De esta manera dotamos a las instituciones de una herramienta más para remover obstáculos en la investigación de crímenes que produzcan conmoción pública y dolor en las víctimas”, concluyó.