L
a creación de un “sello verde de calidad” para aquellas empresas que cumplan con las normativas y un control más estricto a las que no lo hacen, a través de un índice de riesgo, son algunas de las ideas que se analizan.
Impulsado por el gobernador Sergio Urribarri y a raíz del incidente que determinó la clausura preventiva de la empresa Fana Química, radicada en San José, por una mancha que apareció en el río Uruguay, desde la Secretaría de Medio Ambiente se comenzó a trabajar esta idea, en conjunto con la repartición nacional.
“Es una situación que se está repitiendo desde que nosotros estamos trabajando: en general, las plantas o las industrias tienen un certificado de radicación, pero no cuentan con el certificado de funcionamiento. En la mayoría de los casos está retardado el otorgamiento de estos certificados; se le ha dado un tiempo a estas industrias y no lo han cumplimentado”, explicó el secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo.
El funcionario destacó que es clara la voluntad política del gobernador de trabajar para mejorar las condiciones de las fábricas y destacó en ese sentido el trabajo realizado tras el incidente ambiental con la empresa Fana Química. “Fue una labor conjunta muy buena, de la que participaron Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente de la provincia y otros organismos. Pudimos actuar ante la contingencia, pero esperamos no tener que ir a apagar incendios, como quien dice, sino a tratar de prevenir que no ocurran más estas cuestiones”, subrayó.
En ese marco, el gobierno provincial está trabajando con la Secretaría de Industria en un plan a cuatro años para normalizar la situación de todas las industrias de Entre Ríos. Entre las propuestas que se maneja la de implementar un sello verde de calidad para las industrias que cumplen. “Se trata de premiar a las que hacen bien las cosas y se autocontrolan. A las que no lo hacen, realizar un control más estricto, a través de un índice de riesgo, que permitirá cuantificar éste, ya sea por las sustancias que manejan o por lo que producen, para tomar mayores precauciones”, precisó Raffo.
En ese orden, mencionó que, en el caso de la empresa de San José, “además de la clausura preventiva, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación mandó un equipo para ofrecerle la reconversión tecnológica; es decir, alternativas para cambiar los procesos y que vayan haciendo las cosas mejor. No es solamente cuestión de ir a cerrar, sino de dar las alternativas para que la industria continúe y la gente pueda seguir trabajando”, añadió.
Por otro lado, teniendo en cuenta que migrar de una tecnología vieja a una nueva va a requerir de inversiones, Raffo comentó: “Hay fondos de parte del Estado, subsidios y créditos blandos para esta reconversión tecnológica. El año pasado se puso en vigencia un programa para reconversión tecnológica de industrias limpias y hay apoyo de la Nación y de entidades financieras internacionales para hacerla”.
“No sólo haremos cumplir la ley a rajatabla, sino que se buscarán las alternativas para que las industrias cambien y apoyaremos a la gente que realmente quiere hacer las cosas bien”, concluyó.
Otras gestiones
En otro orden, el funcionario afirmó que continúan por la vía administrativa los conflictos con otras empresas como Mocarbel, Manfico, Soychú y Litoral Citrus. “Sin duda estos casos van a generar otro antecedente distinto de lo que pasó, que fue una contingencia, pero vamos a hacer todo con el mismo criterio”, aseguró.
“La idea es que todos estos problemas que tienen su tiempo tengan una solución adecuada y, para los demás, empezar a prevenir. La forma de prevención es llamar a todas las industrias a que se pongan al día, hacer un trabajo coherente, darles las herramientas y, por supuesto, ir controlando para que todo vaya por el buen camino”, finalizó.
