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a Sibila es la empresa láctea con base en Nogoyá (Entre Ríos) propiedad del grupo rosarino que preside Federico Boglione. Un informe difundido por Clarín detalla que el informe es de la Oficina Anticorrupción a la que le preocupa que se abuse de la adjudicación directa. Se trata de un mecanismo que facilita el pago de sobornos y no permite la competencia entre proveedores. El dato surge de una investigación realizada por la Oficina Anticorrupción (OA) sobre 1.014 expedientes de quince organismos públicos concretados entre el 2002 y el 2005 por $ 1.800 millones. Se trata de una muestra representativa por haberse resuelto en ese período un total de 50 mil expedientes. Además, los casos investigados representan el 60% del gasto de ese período que fue de 3 mil millones, señala el informe que publicó Clarín. El trabajo señala que los funcionarios encargados de esas compras explicaron que recurrieron a la adjudicación directa porque el monto era inferior a los 10 mil pesos, el proveedor era uno solo, razones de urgencia y por contrataciones entre organismos del Estado. Sin embargo, es un porcentaje preocupante porque, como dice el titular de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rosa, en el prólogo del libro se trata de "procedimientos o esquemas de organización que podrían incentivar hechos de corrupción". Además, se usan una serie de trampas para eludir la licitación (ver "Las trampas..."). Esta investigación está contenida en el libro "El estado de las contrataciones", realizado por un equipo dirigido por el director de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Nicolás Raigorodsky. Al analizar aquellos 1.014 expedientes, surge que el 75 por ciento fue resuelto por contratación directa de un proveedor; el 14 por ciento por licitaciones privadas y sólo el 11 por ciento a través de la licitación pública a la que puede presentarse cualquier proveedor y debe convocarse en forma abierta y cumpliendo una serie de controles. Otro problema es que la base de datos de los proveedores de la Oficina Nacional de Contrataciones está desactualizada y no se difunden las sanciones a los proveedores incumplidores. Este "mapa" de las contrataciones indica que el precio de compra pagado por diferentes organismos por los 34 productos o bienes estudiados tiene una dispersión de entre 1 y 10 veces. Para enfrentar el hecho de que el Estado compró en los últimos años sin licitaciones públicas y precios malos, la OA propone debatir una serie de cambios: Elaborar un procedimiento modelo para confeccionar los pliegos que elaboran los distintos organismos para compras mayores a un 1 millón de pesos. Permitir siempre el libre acceso de los proveedores a los actos de apertura de las ofertas. Promover el dictado de una ley de contrataciones unificada o que se reglamente el decreto 1023/2001. Aumentar los controles y permitir la participación de la sociedad civil en la vigilancia. Las trampas en las licitaciones El informe de la Oficina Anticorrupción revela que los proveedores entrevistados coincidieron en señalar una serie de trampas usadas por los funcionarios para "orientar" las licitaciones y concursos que se hacen: «+ Se fragmentan las compras para no pasar el piso de 10 mil pesos y comprar en forma directa. «+ "Falta de reglas claras en los pliegos de bases y condiciones" . «+ "En muchos pliegos se excluyen determinados datos importantes lo que permite que sólo los proveedores habituales coticen". «+ "En otros casos hay una excesiva ambigüedad de los pliegos lo que afecta el análisis de los objetivos". «+ Se evita difundir las licitaciones y concursos en diarios de circulación nacional.