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n 2002 una acordada allanó el camino de la diáspora desde la obra social provincial, medida que cuestionó la ley de creación que establece la afiliación obligatoria. Dos aspirantes a cubrir el cargo de juez de Instrucción de Concordia fueron cuestionados por los representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura, por un hecho que, en ese comité, se consideró grave: haberse desafiliado del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la mayor prestadora de salud de la provincia, con una población cautiva asistida que representa un cuarto de la población provincial, 250 mil personas. La Ley Nº 5.480, orgánica del Iosper, establece en su artículo 3º que están “obligatoriamente” afiliados los “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”, y el artículo 4º sólo exceptúa a los contratados, los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional. Pero una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de 2002, permitió a jueces y funcionarios del Poder Judicial a emprender la retirada, y buscar cobertura en una prepaga privada: hasta ahora, ya son 253 los miembros de la Justicia que se desafiliaron del Iosper, según un listado al que accedió EL DIARIO en forma exclusiva. Si se tiene en cuenta que el número de agentes de la Justicia entrerriana ronda los 1.600, ese número representa el 15,81 % del total. AMPARADOS Entre los magistrados que se fueron de la obra social provincial, están Miguel Augusto Carlín, recientemente jubilado como vocal del STJ, y próximo a cumplir las funciones de convencional constituyente en representación del partido gobernante encargado de reformar la Constitución de Entre Ríos de 1933, Miguel Augusto Carlín. En la diáspora, también han partido integrantes del Máximo Tribunal de Justicia de la provincia, como el actual titular del STJ, Daniel Omar Carubia, el vicepresidente Germán Carlomagno, el defensor general de Pobres y Menores, Arsenio Francisco Mendoza, la fiscal general Laura Gema Zaccagnini de Gambino y, entre otros, el fiscal adjunto Jorge Beades. Claro que cada uno ha partido ejerciendo su propio derecho, amparado en una resolución del STJ. En noviembre de 2002, el STJ en un acuerdo general abrió el camino para la desafiliación al permitir que un magistrado dejara de realizar los aportes personales que por ley está obligado a hacer al Iosper. En marzo del año siguiente, se exceptuó a otros dos jueces, y así siguieron los recursos de excepción, con la salvedad de que la desafiliación se autorizaba bajo la obligación de que los interesados debían procurarse la cobertura a su propia cuenta, y manteniendo el Estado el aporte patronal al Iosper. En noviembre de 2003, el entonces juez correccional y hoy intendente de Paraná, José Carlos Halle, acogió favorablemente un recurso presentado por el Iosper que puso en cuestión aquellas acordadas. Al tener brindar la obra social servicios retaceados, el STJ había considerado en sus fundamentos que el descuento a los jueces, funcionarios y empleados de Tribunales, que son afiliados compulsivos y abonan una alta cuota mensual se transforma en una ilegítima gabela o carga de índole impositivo, que genera un enriquecimiento sin causa del Iosper y termina atentando contra la intangibilidad de las remuneraciones. En su fallo, el ex juez Halle consideró que el STJ invalidó mediante un acto de superintendencia (una resolución) una norma de jerarquía superior (la ley de creación del Iosper), “violentando nuestro ordenamiento normativo”, aunque aquella sentencia no prosperó por cuanto fue apelada, y finalmente revocada. MENSAJE El presidente del Iosper, Silvio Moreyra, ve en esa fuga de afiliados de la Justicia un “mensaje” que le resulta perturbador, y que lleva una imagen distorsionada hacia el resto del padrón de beneficiarios. “Es una situación complicada, porque acá una simple acordada de la Justicia está permitiendo la desafiliación, algo que ningún empleado común del Estado puede hacer, porque hay una ley que obliga a todos a ser afiliados al Iosper”, explicó. Moreyra minimizó el impacto “financiero” de la pérdida de esos afiliados –que, por otra parte, al tener ingresos altos significan un ingreso importante de fondos a la obra social—aunque puso el acento en el quiebre del concepto de “solidaridad”: todos aportan lo mismo, para recibir iguales prestaciones. Los activos, el 3 %, y los pasivos, igual índice, aunque ese mismo porcentaje sobre salarios desiguales genera distintos niveles de aportes. “A nosotros lo que más nos preocupa es el gesto de desafiliarse de la obra social, porque eso los pone en una situación de ventaja respecto al resto de los empleados del Estado”, añadió. (Fuente: El Diario)