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l medio día del viernes estaba prevista la conciliación obligatoria entre el gobierno y los empleados judiciales, en el ámbito de la Dirección Provincial del Trabajo. Los trabajadores, representados por la Asociación Judicial de Entre Ríos –AJER-, no participaron de la instancia y solamente presentaron un escrito en el que argumentan el rechazo a la misma. Asimismo, el Superior Tribunal de Justicia –STJ- envió una nota “diciendo que no iba a concurrir porque se trata de un reclamo salarial y por lo tanto debe discutirlo el gobierno de la provincia de Entre Ríos… y no del STJ”. Es sabido que AJER presentó días pasados una medida cautelar ante la justicia y por esta razón exponen en la nota asentada en la Dirección de Trabajo que “hasta tanto no se expida la justicia no van a concurrir a las audiencias” dijo Oscar Balla en su condición de titular del área mediadora. En cuanto a la parte gubernamental, el funcionario declaró a INFORME DIGITAL que “van a esperar que resuelva la justicia” este 28 de diciembre. Balla informó que, tal y como se lo solicitaran de tribunales, ya ha entregado la contestación frente al recurso iniciado por AJER en que van contra la Dirección del Trabajo por considerarla incompetente para intervenir u obligar a una conciliación. En ese sentido este último manifestó que su área “si es competente” valiéndose de decretos, expedientes, convenios y resoluciones que facultan a la Dirección Provincial del Trabajo a tomar participación en el conflicto si lo amerita la gravedad. “Para mi está claro –dijo Balla- nosotros somos competentes para actuar”, aseguró. Al mismo tiempo el funcionario sentenció al gremio diciendo que “están en un error. No han tenido en cuenta un acuerdo que hay entre nación y provincia, ellos hacen referencia a todas las leyes menos a ese acuerdo y ahora seguramente Fiscalía de Estado va a contestar respecto al amparo”, especificó. Como argumento AJER pone sobre relieve para no admitir la intervención de Trabajo que “las leyes existentes no alvcanzan” para ordenar la conciliación. Pero Balla saca a la luz el Convenio Nº 17 entre provincia y nación, ya mencionado, rubricado precisamente el 28 de diciembre de 2000 como posibilidad de destrabe de uno de los tantos conflictos docentes en la historia provincial. En dicho Convenio se establece que “el Ministerio de Trabajo de la nación le transfiere a la provincia de Entre Ríos todos los conflictos que sean del ámbito tanto privado como de la parte administrativa pública para que la Dirección de Trabajo sea competente en actuar sobre esos conflictos”, conforme describió Oscar Balla a este medio. Los judiciales desestiman el accionar de el área provincial y en apariencia buscan una intervención nacional. Sobre esto Balla explicó que “si buscan una intervención no la va a haber porque para que actúe el Ministerio tenemos que solicitarlo expresamente el gobierno de la provincia de Entre Ríos”.