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l futuro Gobierno municipal requerirá votos y consenso para lograr imponer políticas de Estado a partir de la Emergencia. Los gremios plantearán “observaciones” a los ajustes relacionados al personal. Ediles electos de la UCR dijeron que “no acompañarán” si se avanza con la idea de “recortar conquistas” laborales. Concejales del PJ defendieron el proyecto y desde los bloques unipersonales se expresaron posturas diferentes. El próximo Gobierno municipal desembarcará en la Comuna de Paraná la semana que viene con un paquete de medidas, esbozadas en un proyecto de ordenanza de declaración de la Emergencia Administrativa y Económica de la Comuna. Con ese instrumento, la nueva gestión prevé enfrentar la crisis de las cuentas públicas, puestas en evidencia crudamente en los dos últimos meses cuando los recursos no alcanzaron para pagar sueldos. Entre las disposiciones ideadas por las autoridades entrantes figura la renegociación de las deudas con proveedores, el recorte de subsidios y de gastos en concepto en personal. Este último punto viene siendo motivo de análisis y controversia, puesto que el pago de salarios demanda el grueso del presupuesto municipal -144,3 millones de pesos sobre un total de unos 267 millones- y la erogación contempla a unos 5.000 empleados (a razón de un empleado por cada 51 habitantes ). La gestión entrante, entonces, dedica un capítulo del proyecto de emergencia al Empleo Público Municipal y propone, por ejemplo, prohibir la designación en planta permanente mientras rija el ajuste, facultar al Ejecutivo y al legislativo a realizar pases y reubicar personal de acuerdo a las necesidades del municipio, modificar o suprimir estructuras orgánicas, emplazar a aquellos empleados en condiciones de jubilarse a que lo hagan y pone techo al pago de adicionales. Justamente, el pago de estas sumas –cuyos montos van desde los 300 a los 2.500 pesos, según las áreas- ha sido motivo de encendidos reclamos de parte de los gremios (Sindicato Unión y Obreros Municipales (Suoyem) y la Asociación Personal Superior). Ahora, la iniciativa pretende fijar una suma máxima de 800 pesos. Sobre el proyecto de emergencia, EL DIARIO consultó a los gremios y a concejales electos de las cuatro bancas que conformarán el HCD a partir del 10 de diciembre. La mayoría de las opiniones se detuvieron en las medidas referidas al personal, aunque los legisladores de la oposición se quejaron debido a que todavía no han accedido a un borrador ni tenido un contacto con las autoridades entrantes. En tanto, sólo los sindicatos recibieron copia del texto, sobre el que anticiparon “observaciones”. Aunque, primó la cautela en los sindicatos al momento de opinar sobre la iniciativa. Observaciones de los gremios Oscar Milocco, secretario general de la Asociación del Personal Superior de la Comuna, informó que se elevó al equipo del intendente electo José Carlos Halle “una serie de observaciones” al proyecto de ordenanza y estimó que esta semana serán convocados a una reunión. Dijo que las objeciones se centraron en “los puntos que atañen a los trabajadores” y específicamente, mencionó los que proponen fijar un tope a los adicionales, la situación de los contratados y la reubicación del personal. Preguntado sobre la intención de crear en la Comuna una planta transitoria de personal, indicó que sería una modalidad que reemplazará a los contratos –de obra y servicios-, con asignación de aportes y obra social pero sin estabilidad. “El mecanismo sería similar al aplicado en la provincia”, explicó. Fernando García, integrante de la conducción del Suoyem, comentó que aún se estudia el proyecto, pero adelantó que “seguramente se van a plantear objeciones”. Por ejemplo, mencionó el vencimiento de contratos –en este mes y los primeros de 2008 expiran unos 800 de obra- y sobre ese punto, el texto de la emergencia prevé medidas estrictas. Al respecto, afirmó que el gremio prepone conformar una mesa de diálogo en la que “se pueda discutir y demostrar al Ejecutivo” el caso de contratados que cumplen un servicio y responden a una necesidad de la Comuna. Contó que el Suoyem ha recibido muchas notas de áreas pidiendo por “un nombre específico”. En cuanto a los adicionales, García advirtió que se debe ser cuidadoso, pues “hay (casos) que tienen derechos adquiridos”. E insistió: “Hay que tener mucho cuidado con las cuestiones legales”. En ese sentido, rechazó declaraciones de futuros funcionarios municipales que afirman la existencia de empleados municipales que cobran adicionales de 3000 pesos mensuales. “En ninguna repartición se cobra 3000 pesos”, afirmó para decir después que, por ejemplo, en Ingresos Públicos se deberían recaudar 60 millones por mes para que un empleado perciba 3000 pesos de adicional. “Si hubiese esa recaudación, no habría problemas con el pago de sueldos ni con nada en la Municipalidad”, sostuvo, por último. Para destacar La próxima gestión, apenas asuma, instrumentaría un receso administrativo, tiempo en que comenzarían las primeras medidas de la emergencia. Pero para el Suoyem, “no está clara la implementación del receso”, anunció Fernando García. Es que el sindicato no sabría aún la modalidad y la fecha de instrumentación, como tampoco si se descontará la licencia del personal en ese lapso. El oficialismo quiere el aval de los otros bloques EL DIARIO DIALOGÓ CON LOS CONCEJALES ELECTOS de la bancada oficialista sobre sus lecturas del extenso proyecto de Emergencia para la Comuna (37 artículos). Marta Alem -que ha sido dirigente de ATE- confirmó que el texto “está avalado por el bloque oficialista en general” e informó que se espera “participación y apoyo de los otros concejales para empezar a darle lo que le corresponde al Municipio institucionalmente”. Argumentó que “sin la Emergencia no podemos equilibrar económica y financieramente el municipio para avanzar en lo que la gente demanda, que es la prestación de servicios”. Acerca de las medidas que se relacionan con los empleados, sostuvo que “la figura del contrato de obra es con un inicio y con un término, no da estabilidad en planta. Con la situación económica del Municipio, hay que hacer el ajuste necesario en todo sentido. En cuanto a los adicionales, es un despropósito que, por ejemplo, haya una labor tan importante como la recolección, que no tiene un adicional significativo con respecto a otros adicionales, que son exorbitantes”, dijo y adelantó que “se hará una diferencia entre los adicionales que vienen en blanco y están incorporados al sueldo, que no se van a tocar, y los que son no remunerativos, que se van rever”. “Si se trata de cortar el hilo por lo más delgado, no acompañamos” Concejales electos del radicalismo aclararon que si bien sólo saben de la emergencia por los medios de comunicación y por la inquietud de los trabajadores, no están dispuestos a apoyar el proyecto si se avanza con medidas que afecten al personal. “Si la emergencia se trata de cortar el hilo por lo más delegado, no acompañamos”, advirtió la concejal entrante, Ana Sione. La edil entendió que el peso del ajuste estaría pasando por los empleados, que es “la parte más fácil de ahorrar dinero”. De todas formas, dijo que necesita analizar el texto y aclaró que el intendente tiene facultades otorgada por la ley 3001 para restringir gastos, por lo que no requeriría una emergencia si de eso se trata. Por su parte, Danilo Bello, quien ocupará una banca desde la semana que viene, expresó preocupación por el futuro de los contratados y las disposiciones referidas al empleado municipal. Concretamente, se refirió a los topes en los adicionales: “Sabemos que hay empleados que están por arriba de ese monto límite (800 pesos) y lo que cobran se trata de una conquista de los trabajadores, con el apoyo de los sindicatos”. Aclaró que, al igual que sus pares de bloque, no ha accedido al texto de la iniciativa. Así y todo insistió en que si “se habla de dejar gente afuera, de bajar adicionales, nosotros no estaríamos acompañando ese proyecto”. QUE SÍ Y DUDAS. Para Martín Uranga, actual Fiscal de Estado Municipal y futuro concejal por el solanismo, el ordenamiento financiero y económico es una facultad que tiene el Gobierno, por lo que si el proyecto se encuadra en el marco legal requerido anticipó que acompañaría. Dijo que le interesa conocer el diagnóstico que maneja la próxima gestión –más allá de lo ocurrido en la Comuna en los últimas semanas- y los objetivos. En ese sentido, contó que no ha tenido acceso al proyecto. “Me interesa saber del objetivo y el plazo previsto para que, una vez cumplido el objetivo, se cese la emergencia. No se puede vivir en emergencia”, dijo y anticipó que votaría la medida porque no se puede negar al comienzo de una gestión la posibilidad de delinear un plan de Gobierno. “Puedo no estar de acuerdo con algún punto”, aclaró. Emanuel Martínez Garbino, edil por la CE, opinó que el oficialismo podría haber planteado el tema de otra manera y criticó el hecho de que el acceso a la información ha sido sólo a través de la prensa. “No hay nada oficial, nada que se sepa, todo es por comentarios”, se quejó y propuso que el tema debería exponerse en “un escenario público para ponerla a consideración de todos aquellos que puedan hacer aportes”.