E

l médico Ariel de la Rosa, uno de los directores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), quedó envuelto en medio de una seria investigación ante la sospecha de que habría incurrido en irregularidades al autorizar en forma directa la realización de prácticas médicas con un instituto privado de oncología. Las actuaciones ya fueron giradas a la Comisión Fiscalizadora, que integran el ex interventor de la obra social, Ricardo Rizzo, la subsecretaria de Salud, Graciela Traverso, y el abogado Ernesto Denis. Esa comisión fue creada por ley en junio de 2006, y en la práctica significó una intervención a la obra social por parte del Poder Ejecutivo. Precisamente, los integrantes de la Fiscalizadora reportan todos los informes que producen al Gobierno. Dos fuentes aseguraron a El Diario que un primer dictamen firmado por Rizzo, Traverso y Denis estaría a punto de llegar a manos del gobernador Jorge Busti con el caso De la Rosa, quien fue el segundo secretario de Salud de la actual gestión provincial. Es a la vez aliado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con cuyo apoyo llegó al cargo de director del IOSPER. El instituto no cuenta con convenios prestacionales para pacientes oncológicos, y por eso habitualmente recurre al Hospital San Martín, y cuando allí la aparatología no funciona, se los deriva a la ciudad de Santa Fe. Uniter, el centro en cuestión, es el único que brinda atención en acelerador lineal y bomba de cobalto en Paraná, aunque carece de un convenio de cobertura con la obra social provincial. La ex presidenta del organismo, Silvina Degano, resolvió excluirlo del padrón de prestadores por una serie de observaciones hechas sobre las facturaciones puestas al cobro, según contó una fuente confiable del organismo. Pero luego de un recurso administrativo que Uniter presentó ante el Poder Ejecutivo, el Gobernador firmó un decreto a principios de año que le permitió volver a integrar el círculo de prestadores. Pero según dijo Silvio Moreyra, actual titular del Iosper, la pretensión es firmar un convenio prestacional para volver a operar con ese instituto, instancia que todavía no se alcanzó. Aunque aún así, De la Rosa habría estado derivando pacientes a ese centro asistencial de manera directa, sólo con su propia firma. A lo largo del año, en la obra social fueron llegando, una a una, las facturas puestas al cobro por la clínica, y de acuerdo a lo que explicaron en la obra social, el monto llegaría a los 500 mil pesos. “La clínica está en todo su derecho de cobrar esas facturas, porque son prestaciones que se dieron. La observación está puesta en el procedimiento interno que hubo en el Iosper. No intervino el administrador en estas prestaciones, y queremos ver si lo que se hizo es legal o no. No es común que un director derive en forma directa, y con su sola firma”, señalaron en la obra social. La directora del Hospital San Martín, de Paraná, Sandra Roland, habló de la existencia de un sistema de triangulación que, utilizando el sistema de facturación del centro asistencial público, beneficiaba a una clínica privada, excluida del padrón de prestadores del IOSPER. El caso llegó a manos de la Oficina Anticorrupción, y de allí a la Justicia, por cuanto las sospechas alcanzarían al Jefe del Servicio de Oncología del hospital. Los responsables de Uniter, no mencionados expresamente en la nota periodística, vieron la necesidad de aclarar la situación, y a través de una solicitada que se publicó el domingo 18 señalaron que “no es cierto que exista triangulación alguno y/o derivación a centros privados de pacientes del Hospital San Martín, sino tan sólo la necesidad de iniciar, continuar o finalizar los tratamientos oncológicos que no podían ser realizados por el Hospital. Nada extraño ha ocurrido y ninguna violación a normas de ética y/o de funcionamiento de la administración hospitalaria se ha infringido”. El jueves 29 Roland reafirmó la existencia de “pruebas suficientes” respecto de ese sistema de triangulación, y añadió: “Supongo que la Oficina Anticorrupción las habrá considerado como serias desde el momento que llevó el caso a la Justicia Penal. De todas maneras, ya es irregular el hecho que una entidad que está inhabilitada para trabajar con la obra social haya dado prestaciones a pacientes del Iosper. Ya partimos de algo que no es correcto”. —¿Por qué puso el ojo sobre el Servicio de Oncología y no sobre otro servicio? —En realidad, estamos observando el funcionamiento de todo el hospital. Hay cosas que se perciben, hay cosas que se sospechan y hay cosas que se pueden demostrar con documentación. No se puede salir a hacer denuncias a lo loco sin tener un aval. Defensa —Hay quienes sostienen que hay cuestiones personales que tiñen su denuncia respecto de la existencia de ese sistema de triangulación — se preguntó a la directora del Hospital San Martín, Sandra Roland, que fue esposa de Ariel de La Rosa. —Me parece una pavada total. En realidad, yo vine con la intención de hacer una auditoría a un servicio específico, que todavía no la he podido hacer por una cuestión de tiempo. Quiero determinar cómo fue que se dio la sustracción de documentación de pacientes. Lo otro, fue surgiendo a medida que uno va viendo documentación. Pero esta investigación no está destinada a (Ariel) De la Rosa, y por donde yo alcanzo a ver, le pasa por el costado. No sé si en otras investigaciones, fuera del hospital, puede estar más comprometido. De todos modos, la funcionaria se queja del maltrato del que fue objeto en el curso de las investigaciones que empezó sobre el funcionamiento del hospital, y se enardece con ciertos golpes bajos que soportó. “En la lucha, el otro ha salido a tratar de defenderse con todo este tipo de argumentos que siempre fueron inadecuados: involucrarme sexualmente con todo el funcionariado del gobierno de la provincia, decirme inepta, decirme que no conozco el hospital, decir que vengo y dirijo mis acciones porque quedé resentida porque De la Rosa no le pasaba el alimento a mi hijo, o porque me dejó por otra, toda una serie de cosas que no da para la discusión. Hay que defenderse con el arma correcta, si es que no se está comprometido. —¿No ameritaba la intervención del Servicio de Oncología después de las denuncias que usted hizo? —No se determina la intervención desde el propio hospital, aunque si bien en una oportunidad hablé de esa posibilidad por las cosas que estaba viendo.