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a semana pasada, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara a la obesidad como una enfermedad, el cual es autoría del legislador Enrique Cresto. La aprobación recibió la bienvenida de diversos sectores de la sociedad, como aquellas entidades que brindan ayuda a las personas obesas, pero a la vez generó críticas, como el hecho de que ningún especialista en nutrición habría sido consultado para la confección del proyecto; y también de las obras sociales que deberán afrontar los gastos de las prestaciones. Tal es el caso del IOSPER. Su director Silvio Moreira dijo que “no tenemos en claro de dónde salen los fondos de esta ley”, aunque aclaró que “no la objetamos porque estamos hablando de los derechos de los ciudadanos obesos”. No obstante, Moreira adelantó que la obra social no podría hacer frente a las prestaciones que deberán cubrir por ley. “Cuando se habla de estos temas, para la obra social se tratan de recursos y nuestros recursos son acotados”, confesó para dar cuenta que afrontar dicha ley no será fácil para la institución, “tal como nos pasó con la ley nacional de discapacidad”. Asimismo, el funcionario señaló que desde la obra social pretenden conocer “qué se enmarca dentro de la ley y si el Estado está aportando algo extra a la obra social para hacer frente a estas nuevas erogaciones por las prestaciones que nos van a exigir por ley”. Además Moreira dijo desconocer si el autor del proyecto ha realizado un estudio sobre la cantidad de personas obesas que hay en la provincia y remarcó que “nunca fuimos consultaron ni tuvimos ningún tratamiento con la Comisión de Salud de las Cámaras”. Finalmente, anunció que en los próximos días se comunicarán con el gobernador Jorge Busti “para plantearle una situación difícil y complicada para el futuro de la obra social porque son erogaciones y tratamientos muy altos”. Además destacó que “hay que trabajar en un proyecto de salud pública donde la obesidad sea tratada con prevención y no que se le exija a las obras sociales un tratamiento”. La palabra de ALCO Desde la Asociación de Lucha Contra la Obesidad, ALCO San Roque, expresaron su satisfacción por la sanción de la ley y respondieron el alerta emanado por el director del IOSPER que vislumbró dificultades a futuro para poder brindar las prestaciones. “Ese no es nuestro problema porque ellos deben estar equipados para eso; para algo se le descuenta al afiliado un porcentaje de su sueldo”, expresaron desde ALCO y agregaron que con el tiempo, en los hospitales, clínicas y centros de salud, deben estar las camillas, sillas de ruedas y demás aparatología para las personas obesas. “Las obras sociales deberán adecuarse”, remarcaron para indicar que desconocen “cómo se manejarán las prepagas, porque la ley es provincial pero pienso que a medida que surjan casos irán agregando presupuesto” para poder brindar la asistencia adecuada. Por su parte, la nutricionista Ariana Belén María, manifestó que “ningún nutricionista fue convocado para participar en el proyecto de ley” y explicó que en el mismo, “no está muy bien definido el rol del nutricionista en el tratamiento de la obesidad”. Y agregó que se habla de tratamientos psicológicos, farmacológicos, de cirugías, de la participación clínica del médico “pero en ningún momento se refiere a la parte nutricional. Se habla del armado de un programa de prevención en infancia y adolescencia, pero tampoco dice cómo ni quién lo va a implementar”, remarcó. En tal sentido, la profesional manifestó que “se está pasando por encima” el tema de la nutrición y agregó que “hay que tener en cuenta que la obesidad, no es sólo un problema social, sino que es un problema de salud y como tal se debe manejar de forma integral, con la participación de un médico y un nutricionista”. (El Once Digital)