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��No se puede declarar ilegal porque no hay ninguna entidad sindical reconocida que le esté dando cobertura legal. No es necesario. De todos modos, sí se pueden aplicar los descuentos por los días no trabajados”, señaló Balla. Ayer, el funcionario estaba preparando una respuesta a la presentación que el viernes realizó la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Entre Ríos, que le había reclamado a Trabajo que se abstuviera de intervenir, y que no declarase la ilegalidad de la huelga. “Lo que les voy a contestar es que no se puede declarar la ilegalidad porque no hay ninguna entidad sindical reconocida o que tenga personería jurídica. Pero a la vez le vamos a contestar que el Estado está en sus facultades de descontar los días no trabajados, y considerar injustificada la inasistencia”, añadió. Anteayer, un despacho que distribuyó la oficina de prensa del Ministerio de Salud y Acción Social reprodujo declaraciones del titular del área en las que Bordet desacreditó la protesta de los profesionales, y planteó que el malestar sólo se circunscribe al Hospital San Martín, de Paraná, pero que en el resto de los 67 hospitales el servicio es “absolutamente normal”. A juicio del funcionario “la salud pública está perfectamente garantizada”, aunque adelantó la voluntad oficial de declarar ilegal la huelga y además anunció que “se va a proceder a descontar los días no trabajados, dado que no hay una representatividad gremial que avale esta medida, así que vamos a garantizar el servicio mediante las herramientas legales del Estado”. Aunque más allá de esos anuncios, el vocero de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, Carlos Berlo, salió al cruce de las declaraciones de Bordet, quien circunscribió el conflicto al Hospital San Martín, y aclaró que adhieren al paro varios nosocomios, entre otros los de “Diamante, Nogoyá, Feliciano, todo el departamento Paraná como María Grande, Seguí o Viale y en Paraná, los grandes dispensarios, el Hospital Domagk y el Hospital San Roque parcialmente”. Según el profesional, “están minimizando una situación que no se ha solucionado, quieren circunscribirlo desde el discurso, desde la descalificación, amenazando con descuentos de salarios y con declarar ilegal los paros”. El conflicto, originado a raíz del reclamo de un salario básico de 1.500 pesos y la instrumentación de una cobertura de seguro de mala praxis a cargo del Estado, ya acumula ocho paros en los dos últimos meses. Y todavía no aparecen en el horizonte señales de acuerdo: primero se desactivó la gestión encarada por el ministro Bordet, y hasta ayer no había prosperado la pretensión de que medie el futuro ministro de Salud del gobierno que asumirá Sergio Urribarri en diciembre próximo, Ángel Giano. (El Diario)