E

NTRE RÍOS LAPERMITE. El ministro de Economía de la Nación, Miguel Peirano, se comunicó telefónicamente con el gobernador entrerriano, Jorge Busti, para informarle acerca de una Resolución emitida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, que amplía en 800 toneladas el cupo de la provincia para la exportación de sábalos. Al respecto, el secretario de la Producción, Daniel Welschen señaló que “la ampliación se agrega a las cuatro mil toneladas autorizadas anteriormente, cuando en el mes de junio se abrieron las exportaciones del sábalo”. El funcionario, remarcó que “aún con el total de 4.800 toneladas correspondientes al cupo para la provincia, es una cantidad sustancialmente inferior a los valores exportados en el año 2003, cuando se comercializaron al exterior más de 12 mil toneladas”. Welschen destacó que “la medida indica claramente la política responsable y restrictiva respecto a la pesca del sábalo, que mantiene el actual gobierno de la provincia; garantizando principalmente la perdurabilidad de la variedad ictícola”. Vale recordar que durante la primera mitad del año se impuso la veda a la exportación de esta especie y se realizaron estudios en conjunto entre la Subsecretaría de Pesca de la Nación, la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Fe y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales de Entre Ríos, que determinaron las buenas condiciones en que se encuentra este recurso natural. EN SANTA FE VEDAN LA PESCA CON REDES HASTA EL 31 DE ENERO. Comenzó la veda para la pesca con redes o mallas, prohibición que se extenderá hasta el 31 de enero del próximo año, de acuerdo con la ley N° 12.703. La Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros difundió ayer un breve comunicado de prensa que recuerda a la población la vigencia de la norma y sus alcances. Destaca que en dicho período “podrá practicarse la pesca, tanto deportiva como comercial, solamente con artes de anzuelo”. También advierte que “la infracción a la mencionada veda será sancionada con multas y decomisos de artes y productos de la pesca, y podrá ser causa suficiente para que los infractores sean excluidos del padrón de pescadores, con lo cual perderán el derecho a percibir el subsidio estipulado”. POR TRES MESES. Aunque la ley se aplicó del 4 al 31 de enero pasado, sus efectos fueron superados por los alcances de una norma nacional de mayor alcance: la veda del gobierno nacional a las exportaciones de sábalos y los demás peces de agua dulce. Por primera vez, la ley 12.703 regirá por el tiempo completo con que los diputados y senadores la diseñaron: tres meses. Debe advertirse que el proyecto original del diputado provincial radical Santiago Mascheroni disponía una veda de 180 días, que luego se redujeron a la mitad para llegar a un acuerdo con la posición del mayoritario bloque del justicialismo de la Cámara de Diputados. El mismo criterio luego fue aceptado -también por unanimidad- en el Senado. En realidad, el debate fue bastante más extenso, intenso y por momentos directamente tenso. Es que el primer intento legislativo que acordaron todos los bloques (a partir del proyecto Mascheroni) costó a los diputados y senadores de cada uno de los bloques quedar en medio de una dura puja entre pescadores y ambientalistas y empresarios del turismo. En realidad, fue una pulseada por momentos violenta, dirimida sobre las calles y hasta en los accesos de los puentes Rosario-Victoria y el local Oroño que propició el lobby de las empresas frigoríficas exportadoras y contó como aliados a los pescadores-proveedores, que estaban (y están) en negro: sin salarios, ni cobertura social de ningún tipo. DEL VETO A LA SEGUNDA LEY. Aquella protesta produjo una verdadera sorpresa: fue el gobernador Jorge Obeid quien desbarató -mediante el veto- la ley de veda. Los bloques del oficialismo en ambas Cámaras (desautorizados por el Ejecutivo) sufrieron una crisis que tuvo efectos concretos: el veto quedó en firme, pero de forma ficta, con el pobre argumento de las bancas vacías, por el vencimiento de los plazos reglamentarios para su eventual rechazo. Mientras, Obeid confió en desactivar el conflicto mediante contactos con el gobierno nacional, que fueron aceitados por un acuerdo firmado con el jefe del Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, con la que Santa Fe comparte las costas del sistema del Paraná. El problema social se desactivó recién cuando el actor que faltaba -el Estado nacional- dispuso la prohibición de exportar pescados de agua dulce, lo que se complementó con un subsidio para quienes viven de pasar las mallas, con recursos estatales que -sólo en parte- provinieron del gobierno nacional. Fuente: Diario El Litoral