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n grupo de vecinos de Santa Elena hizo una presentación judicial por la que solicitan el decomiso de los bienes del condenado ex intendente Domingo Daniel Rossi, por la suma de 5 millones de dólares, monto que —según se determinó en el juicio oral y público— lo obtuvo en forma ilícita durante su paso por la vicegobernación de Entre Ríos, cuando compartió fórmula con Jorge Busti. A Rossi se lo juzgó y condenó por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que ahora un grupo de vecinos de Santa Elena hizo una presentación exigiendo que el ex intendente devuelva el dinero obtenido ilícitamente. La presentación, que se efectuó ante la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, la Fiscalía de Estado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se fundamenta en “lo que estatuye la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 31 de octubre de 2003, que establece en uno de sus artículos la “recuperación de activos”. Por ese motivo, los vecinos que promovieron la demanda, solicitan “el decomiso de los bienes o su equivalente hasta alcanzar la suma de 5 millones de dólares, que se corresponde al monto obtenido ilícitamente, según surge de la sentencia condenatoria dictada durante el juicio oral y público que se le sustanció a Rossi. En las consideraciones de la presentación, los demandantes —14 en total, todos ellos pobladores de Santa Elena—, expresaron que como pertenecientes a la llamada sociedad civil son “víctimas colectivas, como tantos otros ciudadanos”, del ilícito cometido por el ex intendente de esa ciudad. “Los suscriptos, todos ciudadanos que ‘sobrevivimos’ en Santa Elena, pertenecemos al campo de la llamada ‘sociedad civil’ y nos enrolamos en la tesis que ve a esta no como una negación del Estado, es decir la tesis negativa, sino por el contrario, en aquella que afirma su existencia necesaria e imprescindible (ver Norberto Bobbio, Estado Gobierno y Sociedad. Por una Teoría General de la Política. Fondo de Cultura Económica, 1994) que participa activamente en los conflictos sociales instando permanentemente por la resolución más favorable a los intereses generales”, reza el escrito al que tuvo acceso EL DIARIO, y es patrocinado por el abogado Luis Lemos. Ante esa situación, los vecinos dicen sentirse “víctimas colectivas” y “por ende activamente legitimados para solicitar en carácter de ‘Amici Curiae’ ante la Cámara”. “Los suscriptos no poseemos lo que se denomina una Lex Artis, no somos expertos en materia de restitución de activos financieros u otros bienes provenientes de un ilícito penal, pero sí portamos una competencia específica en tanto miembros de la sociedad civil y por ende representantes de una víctima colectiva (esto es la sociedad de Santa Elena en su conjunto) y que como Amicus en representación de tal carácter colectivo actuamos en apoyo a la libertad de expresión, del derecho a peticionar a las autoridades y del derecho a la participación de la sociedad civil en casos de corrupción previsto en el art. 8º de la Convención Interamericana contra la Corrupción”, se indicó. Por esa razón, el motivo de la presentación se funda, según se explicó, “en los reiterados hechos de corrupción que suceden en nuestro país perpetrados por funcionarios públicos, no han sido ajenos a nuestra provincia, lamentablemente”. “Esta deplorable situación es la que motiva a quienes suscribimos este memorial a presentarnos ante V.S. en los autos de referencia, en carácter de Amici Curiae —Acordada 28/2004 CSJN— bajo los términos que prevé la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sancionada por el Parlamento argentino el 10 de mayo de 2006, promulgada de hecho el 6 de junio de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de La Nación en 9 de junio de 2006”. EL FALLO Si bien los demandantes destacan el fallo condenatorio contra Rossi, consideran que el mismo “no satisface”, por lo que consideran que el condenado deberá devolver el monto de lo que ilícitamente obtuvo en al función pública. “Nos preocupa el tema (...) atento al estado de anomia social generado por el delito perpetrado que impide a los ciudadanos orientar sus conductas, magüer la condena impuesto, en una localidad como Santa Elena, donde el impacto de la desocupación genera que dos tercios de su población económicamente activa sobrevive con planes sociales de 150 pesos mensuales”. Por ese motivo, los vecinos solicitan ante “la gravedad del delito perpetrado”, se le decomise al condenado sus bienes, puesto que consideran que no pueden compararse los daños causados por un particular que atenta contra los bienes o derechos de otro particular, con aquellos causados por el Estado o por aquellas personas que se encuentran en la cúspide de la administración del Estado (nacional, provincial o municipal), cuya función primordial es evitar causar daños o perjuicios sea por hechos del propio Estado o sus agentes y con más razón por sus hechos propios”. “El delito perpetrado afecta a un número indeterminado de personas que desborda el campo de los perjuicios individuales para afectar a una pluralidad de sujetos de modo indeterminado, es decir estamos ante la presencia de una conducta individual que se proyecta colectivamente, provocando un verdadero daño social que afecta a la colectividad en su conjunto y que incluso prolonga sus efectos sobre las generaciones futuras, toda vez que en la comunidad de Santa Elena ya existe una generación de hijos de desocupados que crece bajo el influjo que genera la impronta de la desocupación y sus manifiestas secuelas”, se expresó. Por ese motivo, se solicita que el condenado repare el daño provocado y para tal efecto se requiere que se le ejecute un embargo preventivo y decomiso de sus bienes. “Entendemos que el decomiso de los bienes o efectos del delito constituye la vía jurídicamente idónea para reparar o reducir el daño social que produce la criminalidad económica, en perjuicio a la comunidad de Santa Elena”, se indicó.