S

ólo por ese fenómeno, que según dicen allí relega a los productores locales por los altos alquileres de los campos que están dispuestas a pagar las empresas de afuera, el gobierno provincial comenzó a delinear hace unas semanas un proyecto que, en la práctica, apuntará a ponerle un freno a la expansión de estos actores. En la actualidad, Entre Ríos siembra entre 1,7 y 1,8 millones de hectáreas. De esa superficie, se calcula que hay 400.000 hectáreas administradas por pools y grandes empresas que no tienen dirección legal en la provincia. "Hace cinco años aquí se hacían 1,3 millones de hectáreas y no había muchos pools", cuentan allí. La soja es el cultivo estrella: cubre 1,4 millones de hectáreas; hace ocho años no ocupaba más de 300.000. En parte creció de la mano de las grandes empresas que en los últimos años fueron a sembrar a la provincia. El proyecto sobre el cual está trabajando el gobierno entrerriano, que enviará mañana a la Legislatura local, complementará a una ley de suelos vigente que favorece con desgravaciones impositivas del impuesto inmobiliario rural a aquellos productores que realizan una agricultura sustentable con relación al ambiente. Entre otras cosas, premia a quienes sistematizan los campos con la construcción de terrazas (acortan la longitud de la pendiente de los suelos ondulados) para reducir los efectos de la erosión. Según trascendió, la idea oficial es que con una modificación de la norma paguen una tasa en torno del 3% quienes no realizan una agricultura conservacionista con terrazas y rotaciones de cultivos. Dentro del paquete de medidas que prepara el gobierno está la creación de un registro para diferenciar a los productores locales de las empresas que van a sembrar y no tienen domicilio allí. Se habla de que lo recaudado irá a parar a un fondo que ayudará a los agricultores locales a conservar sus suelos. Es decir que los grandes pools de siembra tendrían que pagar algo así como un derecho por usar el suelo de ese territorio. En total se calcula que en esa provincia hay alrededor de 70 firmas de estas características. LA NACION intentó confirmar más detalles sobre la iniciativa por boca de un funcionario entrerriano que no quiso dar más información hasta que se presentara el proyecto. Sólo aceptó decir: "Esto es mucho más que un impuesto a los pools; es un proyecto de agricultura sustentable. Habrá un mecanismo que creará una tasa para la conservación del suelo para quien no haga esto". Una versión indica que también tendrían que pagar los entrerrianos que no hagan agricultura sustentable. Apoyos y rechazos Aunque con diferencias, el proyecto hace recordar la iniciativa de un grupo de intendentes del sudeste bonaerense que el año pasado criticaron los pools de siembra y pidieron gravarlos con el argumento de que se llevan riqueza de sus localidades sin generar movimiento económico. En Entre Ríos la iniciativa antipools ya cosechó apoyos y críticas. De hecho, fue en una reunión con varias entidades donde el mismo gobernador Jorge Busti habló de cobrarles a los propietarios de los pools con domicilio fuera de la provincia, según se lee en el sitio oficial. Incluso mencionó la incorporación de la protección del productor entrerriano en la Carta Magna provincial. "Desde el punto de vista de los entrerrianos, vemos con buenos ojos el proyecto. En el último tiempo vinieron pools que pagaron altos arrendamientos y muchos productores se quedaron afuera", señaló Gonzalo Alvarez Maldonado, presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas. Según los productores, los arrendamientos han subido de 8 a 10, 12, 14 y 16 quintales de soja por hectárea desde que llegaron los pools. "Estamos de acuerdo conceptualmente. Los pools no usan mano de obra local, no comercializan ni compran insumos en la provincia y hay desplazamiento de productores. Los alquileres aumentaron 50 por ciento en los últimos cinco años", indicó Alfredo Bel, delegado de la Federación Agraria en Entre Ríos. Desde Los Grobo, una de las empresas más importantes de las que siembran en Entre Ríos, rechazaron la idea. Gustavo Grobocopatel, presidente del directorio, se mostró de acuerdo con incentivar la agricultura sustentable, pero se opuso a las críticas a los pools. "Sería como un aumento de las retenciones [por el proyecto para crear una tasa que pagarían quienes no tengan domicilio allí]; los que más hacen agricultura sustentable en la Argentina son los pools, incorporando la siembra directa y las rotaciones. No desplazamos gente; aumentamos la producción", dijo el empresario. (Fuente: La Nación)