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on sus manos, ásperas y ajadas como camino de ripio, picó piedras en la cantera de Sierra Chica, limpió baños, amasó pan y les dio de comer a los chanchos en la cárcel de Gorina. En los 43 años que estuvo detenido por los crímenes de tres mujeres, cometidos en 1963, la paga que recibió Aníbal González Higonet por esos trabajos fue proporcional a las migas de pan con las que alimentaba a las palomas que revoloteaban por el patio del Penal. “Ni pa’ la yerba me alcanzaba”, se queja. “El Loco del Martillo”, como se lo conoce, es el primer afiliado al sindicato del hampa. Dicen que no serán como los “gordos” de la CGT, pero reconocen que no les faltará algún “peso pesado” para negociar un aumento. Hasta ahora, no amenazan con hacer paro ni manifestarse con banderas. Tampoco quieren usar armas al estilo “Madonna” Quiroz, el pistolero gremial que anduvo a los tiros en la quinta de San Vicente. Para formar parte de sus filas, se necesita un requisito imprescindible: haber cometido un delito. La Asociación Sindical de Trabajadores Ex Detenidos y Detenidos de la República Argentina ya está en marcha y planea agrupar a más de 10.000 convictos. Piden un sueldo mínimo de 950 pesos por mes. La propuesta, tan inédita como polémica, fue presentada por el abogado penalista Ariel García, defensor de Higonet y de Fabián Tablado, entre otros. Comenzó a idear el proyecto cuando estaba detenido en la cárcel, donde cursó la carrera de Abogacía. “El objetivo es que los presos trabajen y ganen un sueldo digno. Eso los mantendrá activos, cansados y no tendrán ganas de salir a robar”, argumentó García, quien presentó la propuesta en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, con la intención de obtener la personería jurídica y gremial. Además, adjuntó un listado con las firmas de los primeros afiliados, entre los que se encuentran “el Loco del Martillo”, liberado hace un año y medio; Carlos Caccia, condenado por participar en el secuestro del empresario textil Abraham Awada; y Adolfo Martín Parafita, el ladrón que asaltó 32 bancos bajo la modalidad exprés. “Ojalá que el gremio sea aprobado y nos hagamos fuertes. Si hubiese existido en mi época, hoy sería millonario con los laburos que hice en la cárcel”, dijo Higonet, quien este mes logró jubilarse. “A los presos que trabajan en la cárcel les dan un peculio de 4 pesos por día que no les alcanza para nada. La idea es mantener a los detenidos activos, útiles a la sociedad y que no se limiten a pintar la sala de visitas, arreglar el auto del policía o limpiar un mueble en el Penal. Que puedan vivir del trabajo que ellos mismos generan y con su sueldo puedan mantener a sus familias y pagar a sus abogados”, destacó García. Según la Ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación” y no debe imponerse como castigo. “Deberá ser remunerado y se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigentes”, indica. “Ningún preso será obligado a trabajar. El que se drogue o reincida tampoco tendrá chances de gozar de los beneficios sindicales, de la obra social y de los aportes jubilatorios. Podrá acceder el que tenga buen comportamiento y quiera reinsertarse en la sociedad. Es importante que el Estado les dé trabajo o acerque a empresas interesadas en contratarlos. Cuando es liberado, el detenido sale con monedas y muchos vuelven a robar”, aseguró García. El sindicato de ladrones (como se llamó una película protagonizada por Marlon Brando en la década del 50) busca más apoyo. Hasta ahora, llegaron más lejos que sus perseguidores. Es que los policías no logran formar un sindicato que los agrupe. En 2003, el actual interventor en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, por entonces viceministro de Seguridad de la Provincia, presentó un proyecto para sindicalizar la Policía Bonaerense pero el gobernador Felipe Solá dijo que no quería “policías piqueteros”. En la Policía Federal también hubo un intento, frustrado porque la Ley Orgánica de esa fuerza prohíbe la gremialización policial. En principio, el titular del sindicato será Ariel García, aunque anunció que se alejará de la conducción una vez que el andamiaje gremial esté en marcha. Sus seguidores, a los que llama compañeros, prometen cambiar las armas por los bombos. (Fuente: Perfil)