E

l gobernador Jorge Busti recibió hoy al propietario de Granja Tres Arroyos, Joaquín de Gracia, quien le transmitió su preocupación por no poder desarrollar el emprendimiento productivo comprometido en el predio conocido como Estancia El Quebracho, en Santa Elena, debido a que está ocupado por familias. En el encuentro, que contó también con la participación del secretario de la Producción Daniel Welschen, y de la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, el empresario recordó que en Estancia El Quebracho tienen previsto desarrollar un proyecto de “crianza intensiva en galpones cerrados de cerdos, con posterior planta de faena y preparación de productos y sub-productos de cerdo”, cuya inversión prevista al inicio era de 25 millones de pesos. Asimismo, enfatizó que se trata de un emprendimiento productivo muy importante para Santa Elena, puesto que dará empleo en relación de dependencia a unas 200 personas, además de generar otras fuentes de trabajo en forma indirecta. Escuchada la inquietud, se acordó que la Fiscalía de Estado y la Comisión Liquidadora del Frigorífico Regional Santa Elena SA, insten a que se resuelva la acción de desalojo y la denuncia penal presentada ante la Justicia de La Paz, para que el predio en cuestión pueda ser entregado libre de ocupantes a Granja Tres Arroyos. “Granja Tres Arroyos vino a manifestar su gran preocupación por no poder desarrollar el emprendimiento propuesto en el predio conocido como Estancia El Quebracho en Santa Elena porque hay ocupantes, algunos instalados en viviendas y otros que tienen animales para pastaje. Es decir, algunos por lucro y otros por diversas razones”, explicó luego de la reunión, la fiscal Mizawak. Además, dijo que “el Estado provincial, a través de una escritura, se había obligado a entregarle libre de ocupantes el predio a Granja Tres Arroyos, que a su vez tenía plazos establecidos para cumplir con las distintas etapas del emprendimiento, pero por estar ocupado no puede llevarlo adelante”. Finalmente, precisó que ante esa situación, el Gobierno provincial inició “una acción judicial” pero dado que no hay una solución, se resolvió “instar, dentro de las posibilidades y del marco de la ley, esa causa que se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de La Paz, y que es una acción de desalojo, y por otro lado una denuncia penal que se había hecho contra ciertos ocupantes que están instalados ahí, pero todavía el juez de instrucción de esa ciudad no ha considerado oportuno el lanzamiento”.