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uan Carlos Vega, el apoderado legal del gobernador Jorge Busti y del vicegobernador Pedro Guastavino, en la causa contra los directivos de Botnia, le solicitó hoy a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que cuando resuelva sobre la recusación al juez Guillermo Quadrini, instruya al magistrado actuante a hacer lugar en un plazo de 72 horas al pedido de la fiscal María de los Milagros Squivo, de citar a declarar a los directivos de la compañía finlandesa. El letrado formalizó esta solicitud en el transcurso de una audiencia en la que fundamentó el pedido de recusación del juez federal de Concepción del Uruguay y ahora la Cámara deberá expedirse en el término de 48 horas. Del encuentro, que fue encabezado por el presidente de la Cámara Federal, Gabriel Chausovsky, y los vocales Guillermo Enderle y David Chaulet, este último del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, participaron también miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Luego de que el fiscal federal Ricardo Alvarez presentara su alegato solicitando el rechazo de la recusación, el apoderado de Busti y Guastavino fundamentó lo contrario, al tiempo que le planteó a la Cámara que, al momento de resolver la recusación, adopte medidas en base al artículo II de la Convención Americana de Derechos Humanos, y le fije 72 horas al juez actuante en la causa, sea o no Quadrini, para que cite a prestar declaración indagatoria a los directivos de Botnia. Consultado sobre su exposición, Vega puso de relieve que el fundamento más original en el alegato se sustentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en materia de legalidad de derechos humanos. “Hemos sostenido que en Código Procesal Penal debe ser interpretado conforme la legalidad supranacional de derechos humanos”, resaltó el letrado, no sin antes advertir que “hay que escapar del ritualismo jurídico y entrar al análisis de realidades”. En este marco, Vega consideró oportuno aclarar que “el pedido de recusación se torna secundario, en virtud de nuestra solicitud”, antes de referir que “los nuestros no fueron argumentos convencionales, pero son sólidos y jurídicos”. Dicho esto, afirmó que “hemos sostenido que el juez federal Quadrini ha paralizado la investigación, lo que significa tener interés en la causa, en que no avance, y que esto se ha hecho de modo deliberado”. Luego de recordar que la causa tiene 18 meses de investigación y se presentó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Vega consideró que “los plazos razonables” para que el magistrado se expida “están absolutamente vencidos”. No obstante, evaluó que lo más grave es que estas omisiones del juez han permitido que el delito investigado, es decir la contaminación en grado de tentativa, se esté consumando. “El juez se ha transformado en una suerte de espectador de los hechos”, aseguró. Tras dejar en claro que “las pruebas están en cuatro cuerpos probatorios y el juez, por razones que ignoramos, decidió apartarse de las pruebas y de la ley y no citar a prestar declaración indagatoria a los responsables”, Vega insistió en que el magistrado “tiene interés en paralizar la causa por razones ideológicas o políticas, o considera que ésta es una causa política que no debería haber ofendido a la dignidad de la justicia”, ironizó. El alegato de Vega Cabe señalar que durante su alegato ante los jueces de la Cámara y el fiscal, y acompañado por su patrocinante, Gamal Taleb, Vega dejó en claro que “vivimos un estado procesal de denegatoria de justicia”y que “es la Cámara Federal la que tiene la facultad de reordenar este proceso adoptando medidas”. En este marco, hizo referencia a que la posición de la querella coincide con la jurisprudencia de la CSJN, y a que “los derechos de las víctimas, en este caso de los habitantes de Gualeguaychú, se vieron gravemente lastimados por las acciones u omisiones del juez”. Tras dejar en claro que no pide una sentencia “en base a la opinión pública”, remarcó que el magistrado violó los derechos de las víctimas al mantener una denegatoria de justicia”. Acto seguido, mencionó que los hechos del proceso, las pruebas aportadas, el silencio del juez y el Código Procesal deben ser interpretados en función de la jurisprudencia de la CSJN conforme a la legalidad supranacional. Al puntualizar el pedido de recusación a Quadrini, el letrado aclaró que “no tuvimos otras salida”, y que el juez “no sólo omitió actos, sino que permitió que el delito se consumara”, no sin antes resaltar que “ningún caso puede resolverse fuera de su contexto, es decir, de las redes sociales, económicas y políticas en las que está inmerso” y que “los jueces no pueden desprenderse de las consecuencias de sus decisiones”.