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��Queremos que se cumpla con la ley porque ésta debe ser lo suficientemente eficaz como para dar respuesta, aunque sea parcial, a una comunidad que está tan lastimada como Gualeguaychú”, manifestó el letrado Juan Carlos Vega. Invitados por Vega, a la audiencia asistirán también los abogados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y el intendente de esa ciudad, Daniel Irigoyen. Consultado sobre el motivo, el letrado explicó que “la recusación es una medida extrema que toman las partes cuando advierten que existen causales legales que imposibilitan al juez seguir a cargo de la investigación”. En ese sentido, Vega dijo que “hemos sostenido que el juez federal Quadrini ha paralizado la investigación, lo que significa tener interés en la causa, en que no avance, y que esto se ha hecho de modo deliberado. Fundaremos esto y trataremos de probarlo el jueves”, acotó. Vega recordó que esta causa tiene 18 meses de investigación y se presentó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde “intervino la fiscal federal María de los Milagros Squivo que también es recusada”. Recordó Vega que “la Fiscalía decidió promover la investigación. Es decir, encontró la denuncia como suficientemente seria y fundada como para promover una investigación”, agregó. Según el letrado, “a partir de ahí la causa se paralizó”, y aseguró que “las pruebas están en cuatro cuerpos probatorios y el juez, por razones que nosotros ignoramos, decidió apartarse de las pruebas y de la ley y no citar a prestar declaración indagatoria a los responsables”. En otras palabras, se le pedirá “a la Cámara Federal que cite a prestar declaración indagatoria a los denunciados porque es lo que corresponde según la ley” y para esto “la Cámara tiene 48 horas para resolver. A partir de allí, tendrá que resolver la queja por denegatoria de justicia y el pedido de reordenamiento global del trámite fundado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, acotó. Además, el apoderado legal comentó que “simultáneamente, la Cámara Federal tiene para resolver el pedido de reordenamiento general de un trámite irregular que está paralizado hace cuatro meses”. Dicho esto, advirtió que “este es el único espacio jurídico argentino donde se está investigando la contaminación como delito penal en grado de tentativa y donde los denunciados son los directivos de la empresa Botnia y aquellos responsables de la financiación del proyecto”. Sobre los pasos siguientes a la recusación, Vega explicó que “dependerá de lo que resuelva la Cámara porque si no estamos de acuerdo iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.